Ven falta de edil de Almoloya por no detectar obra de "El Chapo"

Vicente Estrada, presidente municipal, pudo haber incurrido en una falta administrativa por no haber descubierto a tiempo la construcción por donde se escapó el narcotraficante
16/07/2015
19:13
Ma. Teresa Montaño
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El presidente municipal de Almoloya de Juárez, Vicente Estrada Iniesta, pudo haber incurrido en una falta administrativa al no haber detectado a tiempo la construcción que se erigió a un kilómetro y medio del penal del Altiplano, desde donde se construyó el túnel por el cual escapo Joaquín Guzmán Loera el sábado pasado.

El contralor interno del Poder Legislativo del Congreso Local, Victorino Barrios, dijo que independientemente de haber estado o no enterado de la construcción y de que se le haya o no solicitado la licencia de construcción por parte de los propietarios, el edil se encuentra frente a una falta administrativa conocida como “omisión”, la cual puede ser sancionada incluso con inhabilitación.

Entrevistado en la Cámara de Diputados del Estado de México, el experto en temas de corrpción, también aseguró que para proceder contra el alcalde de Almoloya de Juárez, la contraloría del Poder Legislativo necesita que se presente una queja previamente, por parte de alguna autoridad o de un ciudadano, lo cual no ha ocurrido hasta el momento.

Indicó que en esta "omisión" pudieran estar implicadas tanto autoridades electas como autoridades auxiliares del ayuntamiento, en este caso el delegado de Santa Juana, comunidad donde se construyó a mitad de una zona de cultivos y pastizales la vivienda y la bodega, por donde el capo sinaloense pudo escaparse por segunda ocasión de una prisión de máxima seguridad.

Barrios Dávalos indicó que no es correcto que un alcalde "no sepa lo que pasa en su municipio" y que en todo caso para eso existen directivos, como el área de desarrollo urbano, y autoridades auxiliares, como los delegados.

Mencionó que de acuerdo a la Ley de Responsabilidades, la "omisión", dependiendo de su grado de gravedad, puede ser sancionada con amonestación, multa, suspensión o inhabilitación para ocupar cargos en la función pública.

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