Investiga la PGR a red de falsificadores

Una red trasnacional que opera en México y Colombia falsificó documentos emitidos por juzgados que no existen para realizar trámites ante el Instituto Nacional de Migración y regularizar de esta forma la estancia ilegal de más de 70 colombianos
16/04/2015
09:36
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Silvia Otero

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La Procuraduría General de la República (PGR) investiga una red transnacional de falsificadores de documentos, los cuales han sido utilizados para la regularización de la condición migratoria de extranjeros en México, principalmente colombianos. De enero a la fecha se han detectado 77 casos sospechosos de haber realizado trámites con papeles apócrifos, autorizados en juzgados inexistentes, de los que 29 resultaron positivos, y el resto sigue bajo análisis pericial.

De acuerdo con el expediente del caso al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, en enero pasado se detectó la operación de esta red que a través de gestores facilitó a extranjeros documentos falsos de juzgados familiares y civiles del Estado de México, que fueron entregados al Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar trámites de regularización y para acreditar supuestas relaciones de pareja entre mexicanos y colombianos en busca de la residencia, por lo que también se configura el delito de fraude.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ya identificó a dos de los gestores que realizaron los trámites, se trata de una pareja de mexicanos, supuestos abogados, quienes contactaban a los clientes en México, pero que se presume tienen cómplices en Colombia donde también se pedían documentos.

En la indagatoria se trata de ubicar a todos los integrantes de la red, y se presentarán cargos contra los colombianos que usaron los documentos falsos y los utilizaron para regularizar su condición migratoria, así como contra los mexicanos que ayudaron a configurar el fraude.

De acuerdo con el expediente, personal de la Delegación Federal del INM de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, con el apoyo de autoridades del Poder Judicial del Estado de México, en enero pasado detectaron irregularidades en diversos documentos que presentaron colombianos.

Se trata sobre todo de actas de concubinato que avalan la supuesta relación de personas de nacionalidad colombiana y mexicana para realizar trámites de regularización y cambios de condición migratoria por vínculo familiar, y de esta manera, obtener la estancia legal en el país.

La investigación revela que los falsificadores emitían los oficios de concubinato del Juzgado Quinto Familiar en Nicolás Romero, con residencia en Naucalpan, Estado de México.

Los documentos eran firmados por Arturo Sánchez Pérez, supuesto segundo secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto Familiar de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nicolás Romero, así como José Antonio Ramírez Vázquez, el presunto Juez Quinto Familiar Civil de Primera Instancia y Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Nicolás Romero.

De acuerdo con la indagatoria las delegaciones del INM en el Estado de México realizan 8 mil trámites mensuales para regularización migratoria, y la red delictiva aprovechó este volumen para utilizar los documentos apócrifos; no obstante, en revisiones a la veracidad de los documentos, el personal del instituto detectó las anomalías.

Se solicitó apoyo al Poder Judicial del Estado de México, y Gerardo René Gómez Estrada, coordinador general jurídico y consultivo confirmó mediante el oficio INM/DFDF/DABT/1214/2014 que los documentos presentados ante el INM eran falsos, ya que el juzgado señalado en los papeles no existe, además de que “los sellos impresos en los documentos no corresponden” con los que emite el Tribunal de Justicia del Estado de México.

Los supuestos juzgadores que firman los documentos tampoco laboran en el Poder Judicial mexiquense.

A partir de la investigación que realiza la PGR hay sospecha en 77 casos en los que se pudo utilizar este método, en 29 de ellos se comprobó ya pericialmente el uso de documentación apócrifa y los casos restantes están sujetos a peritajes.

La mayoría de los colombianos que recurrieron a este fraude tienen entre 20 y 35 años, y la Procuraduría General de la República ya está detrás de su pista. Algunos de los nombres ya identificados por el Ministerio Público de la Federación se omiten, pues en los próximos días ejercerá la acción penal en su contra.

Autoridades migratorias consultadas en torno a las implicaciones de estos casos indicaron que el INM revocará los trámites resueltos en favor de los colombianos implicados.

 

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