Detienen en Acapulco a operador de "Guerreros Unidos"

En Acapulco, fuerzas federales detuvieron a Raúl Núñez, identificado como operador financiero del grupo criminal Guerreros Unidos, y quien según afirma, entregaba 600 mil pesos al mes al subdirector de la policía de Iguala por concepto de protección, informó Tomás Zerón, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).

El funcionario dijo que Núñez entregaba los 600 mil pesos a Francisco Salgado Valladares, subdirector de la policía municipal de Iguala, a cambio de protección.

El operador financiero de la organización Guerreros Unidos fue detenido en un centro comercial en el municipio de Acapulco, en Guerrero, y se encuentra en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), precisó Zerón.

En tanto, el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, informó que la Policía Federal ha realizado 324 recorridos en Iguala, Guerrero, algunos de ellos acompañados de familiares y estudiantes en busca de los normalistas desaparecidos.

El objetivo prioritario es su localización, sostuvo en entrevista previa a la reunión privada con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, donde se analiza la situación y los avances en las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Comentó que la Policía Federal tiene desplegados 900 elementos en esa zona de Guerrero, mientras que la División de la Gendarmería realiza labores de seguridad pública en Iguala.

Rubido García dijo que la Policía Federal se encuentra ocupada en localizar a los jóvenes normalistas, “ese es el objetivo”, por lo que se siguen todas las líneas de investigación y ninguna de ellas ha sido descartada.

Añadió que en algunos casos se realizan recorridos, con estudiantes normalistas, y además se trabaja en mesa con la sociedad civil.

Sobre las fosas que se han encontrado, señaló que esa averiguación corresponde a las áreas de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), y lo que marca el protocolo es la realización de tres pruebas, por lo que en su momento se darán a conocer los resultados sobre la antigüedad de esos restos y con ello iniciar nuevas líneas de investigación.