Cruzan acusaciones por SNA incompleto

Inai: combate a corrupción requiere del trabajo articulado de todas las instancias; sólo cinco de las 32 entidades lograron un avance significativo en sus Constituciones
20/07/2017
02:05
Alberto Morales y Juan Arvizu
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Diputados y senadores intercambiaron culpas por no haber aprobado en tiempo y forma los nombramientos del fiscal y magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Legisladores del PRD, PT y Morena responsabilizaron al PRI y al PAN de anteponer intereses político-electorales en lugar de buscar los consensos para aprobar los nombramientos.

Al fijar la posición de su partido, el senador Enrique Burgos (PRI) reconoció que es responsabilidad de los 128 senadores de todos los partidos el no haber alcanzado los acuerdos.

Rocío Nahle, coordinadora de Morena en San Lázaro, lamentó que el PRI y el PAN no pudieron ponerse de acuerdo en quién será el fiscal. Hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto a tomar las riendas del país.

Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, aseguró que debería ser un día histórico por avanzar en combatir la peor lacra que es la corrupción, pero resulta que la noticia es preocupación, porque llegamos con un sistema incompleto.

Miguel Barbosa, vicecoordinador político del PT, coincidió en que no hay nada que festejar porque sin fiscal anticorrupción no pueden entrar en vigor los nuevos delitos en la materia.

Dijo que se deben rechazar las propuestas de magistrados y reponer las ternas que envió el Ejecutivo.

La senadora Diva Gastélum (PRI) señaló que basta de endosar todo al Revolucionario Institucional.

El senador Juan Carlos Romero
Hicks (PAN) aseguró que de nada sirve un fiscal que no tiene dientes y no tiene músculo, porque como está la ley, no puede nombrar a sus propios agentes del Ministerio Público, no puede investigar a la PGR por actos de corrupción, no puede nombrar a los titulares de áreas administrativas y no puede nombrar a los peritos.

Manuel Bartlett, coordinador del PT, fustigó que el presidente Enrique Peña Nieto no quiere que el SNA prospere.

“Eso es todo. Lo demás es hacernos guajes. Peña Nieto inició su periodo con un anuncio de una lucha contra la corrupción, con otro esquema o lo que fuera, y estamos por terminar el periodo y todavía no se logra. Esto es como el sistema educativo. La gran reforma educativa es para cuando se vayan, el modelo educativo lo hicieron para 2018”, reclamó.

El coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Fernando Herrera, dijo que antes de los nombramientos del fiscal y jueces se debe eliminar el pase automático de procurador General a fiscal.

Inai pide aprobar normas y cargos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) hicieron un llamado al Congreso de la Unión y a las cámaras de diputados estatales para que aprueben los nombramientos pendientes.

El Inai consideró que el combate a la corrupción requiere del trabajo articulado de todas las instancias: el Comité Coordinador, el de Participación Ciudadana, el Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales.

Señaló que el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción afianzará los procesos de investigación, persecución y sanción de estos delitos. EL UNIVERSAL dio a conocer que sólo cinco de los 32 estados lograron un avance significativo en la aprobación de sus constituciones y leyes.

Preocupan leyes locales. Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad AC (Imco) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hicieron un último corte de su “semáforo anticorrupción”, en el cual 29 estados tienen la base legal necesaria para continuar con el desarrollo de sus sistemas.

Sin embargo, “Chihuahua y Veracruz aún no tienen una ley para sus sistemas y en la Ciudad de México el nombramiento del secretario técnico es llevado a cabo por la Asamblea Legislativa de la capital del país”.

Las organizaciones también expresaron sus preocupaciones por la calidad de las leyes. En el caso de Tabasco, opinaron que la reforma constitucional está “regular”, por lo que “preocupa que no se establece la obligación explícita de presentar declaración patrimonial y de intereses”. La entidad aprobó el pasado fin de semana sus leyes secundarias para que comience a operar su sistema anticorrupción.

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