Barbosa: autoridades meten miedo a la gente

juan.arvizu@eluniversal.com.mx

El senador Miguel Barbosa Huerta (PT) acusó que los gobiernos federal y estatales pretenden una regresión en materia de justicia penal a los métodos de la tortura, porque han sido incapaces de prepararse y aplicar el Sistema Penal Acusatorio, al que transfieren la responsabilidad del aumento de la violencia criminal.

Dijo que el gobierno de la Ciudad de México “intenta justificar su ineficacia para garantizar la seguridad pública, culpando del aumento incontrolable de la criminalidad al nuevo proceso penal acusatorio y oral”.

También señaló que la estrategia de Miguel Ángel Mancera, como de gobernadores, procuradores de justicia, fiscales generales y de los titulares del Sistema Nacional de Seguridad Pública “es absolutamente irresponsable, alejada del comportamiento que toda autoridad debe tener”.

Lamentó que los gobiernos federal y de los estados “buscan meter miedo a la población y culpar al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio por el aumento de la criminalidad”. Planteó que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y diversos gobernadores están teniendo un comportamiento irresponsable.

“Están tratando de engañar a la población, culpando al nuevo proceso penal para volver al modelo inquisitivo de abuso de autoridad”, previno Barbosa Huerta.

“Intentan ocultar la omisión de sus gobiernos por no haber capacitado y profesionalizado a policías, peritos, ministerios públicos y jueces, así como en destinar recursos para ello; no se prepararon en ocho años, término constitucional para la implementación del proceso”, añadió.

Expuso que los gobernantes que rechazan el Sistema de Justicia Penal Acusatorio tienen la “estrategia de meter miedo a la gente por la aplicación de la ley; han mentido al decir que el otorgamiento de la libertad condicional de presuntos delincuentes es la causa del crecimiento de la violencia”.

Explicó que el sistema judicial representa la transformación del anterior existente, el cual era un proceso inquisitivo, “donde los abusos de la autoridad, confesiones obtenidas por tortura, declaración de testigos falsos y peritajes a modo eran constantes”.

Hizo ver que “hoy, bajo el nuevo proceso todas las diligencias deberán ser desahogadas bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y tendrá el proceso por objeto el esclarecimiento de los hechos, la protección al inocente, hacer que el culpable no quede impune y que se reparen los daños causados por el delito”.

Expuso que quienes descalifican a este nuevo proceso sostienen que su aplicación provocará la salida masiva de las cárceles de delincuentes que alcanzarán su libertad y por ello han manifestado que presentarán una iniciativa de reformas al nuevo sistema, sumándose a la que presentaron diputados del PRI, con posturas regresivas.

Dijo que van por “una contrarreforma que pretende anular garantías procesales y que permitiría a Ministerios Públicos abusar de la autoridad”.