La decisión obedeció a una cuota de género: Lozano

Aseguró que no impugnará el proceso de selección, sino que su intención es dar a conocer las irregularidades que se efectuaron en el proceso
Gerardo Lozano, uno de los finalistas, descartó impugnar la selección del comité, pues su objetivo, dijo, es dar a conocer las anomalías del proceso. FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL
30/06/2017
02:10
Alberto Morales
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La elección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) obedeció a una cuota de género y se incluyó a Marieclaire Acosta, quien no tiene experiencia en el combate a la corrupción, acusó Gerardo Lozano Dubernard, uno de los aspirantes finalistas y quien obtuvo mejores calificaciones que la experta en defensa en derechos humanos, pero no fue seleccionado.

En entrevista, Lozano Dubernard aseguró que no impugnará el proceso de selección, sino que su intención es dar a conocer las irregularidades que se efectuaron en el proceso “que —se suponía— sería diferente por ser encabezado por ciudadanos”.

Ayer EL UNIVERSAL documentó que la comisión de selección pudo haber incurrido en alguna trampa en el proceso de designación de los cinco integrantes, de acuerdo con sus cédulas de evaluación.

“Hay un doble discurso: por un lado hablan de que la corrupción es un flagelo más importante que se debe combatir, pero, por el otro, no eligieron a los mejores calificados a combatirlo. No voy a impugnar, no tiene caso, no participé por un puesto, sino porque, como todos los aspirantes, deseo que cambien las cosas”, aseguró el experto en auditorías y fiscalización de cuentas públicas.

Señaló que es importante que la comisión dé a conocer las otras 14 cédulas de evaluación para poder contrastarlas con los criterios de selección y dar certeza al proceso.

“Si se ve la relatoría de cómo llegaron a las cinco personas en un momento dado, pareciera que se trató de imponer a las únicas tres mujeres que estaban participando, finalmente quedaron dos: Jacqueline Peschard y Marieclaire Acosta, quien ni siquiera fue la mejor evaluada”, consideró.

Expresó que no tienen nada en contra de Acosta Urquidi, quien posee una reconocida trayectoria en derechos humanos, “pero incluir a una persona que no estuvo bien evaluada argumentando que es especialista en derechos humanos me deja dudas”.

Recalcó que el combate a la corrupción no es un tema que se combata desde los derechos humanos:

“Los actos de corrupción generan violaciones de derechos humanos y por eso tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos; con todo respeto, hizo falta en el comité un especialista en temas de auditoría gubernamental, porque nadie de los cinco tienen esa experiencia”.

Lozano Dubernard destacó que su perfil reúne 30 años de experiencia en auditorías gubernamentales en los tres órdenes de gobierno, pero “no se pudo, ni hablar”.

Recordó que la mayoría de los actos de corrupción se detectan a través de los entes fiscalizadores, por medio de las auditorías superiores de los estados y a través de las contralorías estatales, que constituyen el Sistema Nacional de Fiscalización.

“Ninguno de ellos entiende los procesos bajo los cuales se llevan a cabo las auditorías y difícilmente comprenden la interpretación de los resultados que arrojan las auditorías; menos se pueden meter en estrategias para dirigir acciones de fiscalización”, aseguró.

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