La r einserción social en México no está funcionando y esto se refleja en los altos índices de reincidencia delictiva, los cuales son del 60%, aseguró Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de Previsión Social, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“La reinserción se debe de medir con el indicador único y contundente que tiene que ver con el nivel de reincidencia delictiva, no hay de otra, y si nos vamos a este dato vamos a llegar a una conclusión muy elemental: la reinserción en México no ha funcionado. Los niveles de reincidencia delictiva que se registran en nuestro país, es arriba de 60%. La reincidencia social por medio del trabajo, de la capacitación como está estipulado en la Constitución no está funcionando”, dijo.

Al participar en la inauguración del foro “Inserción Laboral de personas con antecedentes penales: Miradas y desafíos desde una perspectiva de género y derechos humanos”, el subsecretario aconsejó que se deben de impulsar acciones de capacitación que puedan ayudar a aquellas personas que habiendo cumplido con su sentencia puedan reinsertarse social y económicamente.

Ignacio Rubí Salazar aseguró que en México existe una legislación federal que cancela el requisito de presentar la carta de antecedentes penales al solicitar trabajo, sin embargo, señaló que todavía existen legislaciones locales que permiten como requisito la presentación de este documento para obtener un empleo, lo que viola derechos humanos fundamentales de personas que estuvieron en reclusión.

“Promovidos la incorporación de un gran apartado en la Ley de Ejecución Penal, que tiene que ver con el registro, certificación y la cancelación de antecedentes penales para que una vez que haya cumplido con la pena que le fue impuesta a la persona, dicho antecedente sea cancelado. Tratando de delitos graves el antecedentes no se cancela, se mantiene”, dijo.

Ignacio Rubí Salazar informó que en aras de promover la reincorporación de las personas que salen de penales, la dependencia encargada de la política laboral, junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) han creado las “Mesas ProLABORA”, la cuales apoyan la capacitación para el trabajo y la incorporación a un empleo.

Antonio Luigi Mazzitelli, representante en México de la Oficina Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), afirmó que sin trabajo no hay inserción social para los internos de centros penitenciarios, así como para aquellas personas que salen de éstos y señaló que en el país no existen condiciones para la total reincorporación laboral para las mujeres, pues no hay programas diseñados para ellas.

“El sistema penitenciario, en consecuencia también las prisiones como la infraestructura, programas y los servicios que se desarrollan adentro de las prisiones que son planificadas, diseñadas y administradas para los hombres. En consecuencias, las acciones orientadas a las mujeres son reproductora de los mismos estereotipos que existen al exterior o están completamente indivisibilizadas”, dijo.

Informó que el hecho de representar una minoría ha justificado también el reducido número de centros penitenciarios exclusivos para las mujeres, pues indicó que en el país, existen 365 centros penitenciarios y solo 14 son exclusivos por las mujeres por lo que poco más del 60% de las mujeres privadas en libertad viven en centro mixtos en donde comparten espacios con los hombres.

En ese sentido, Mazzitelli criticó que los espacios para las mujeres son generales anexos improvisados con poco o ningún espacios para las actividades educativas, culturales o recreativas para las mujeres.

Afirmó que el tipo de trabajo realizado por estas mujeres dentro de los penales son de limpieza o de cocina o están “ligadas en gran parte al mantenimiento de los centros penitenciarios más que al aprendizaje de actividades productivas que la puedan proyectar de manera eficiente y eficaz adentro del mundo del trabajo y generar los ingresos necesarios para seguir una vida digna y libre de delincuencia o adquirir las habilidades para adquirir verdadera profesiones".

Aconsejó que es necesario crear programas de capacitación con un enfoque necesario que permita a las presas una completa reinserción afuera de las prisiones.

“Si las mujeres dejan las cárceles sin formación o competencias laborales las condiciones de vulnerabilidad para que ellas cometan nuevamente crímenes seguramente son más altas”, comentó.

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