“La tortura pone en duda la verdad de las víctimas”

Autoridades ‘diluye n’ documento de Visitaduría sobre normalistas; el objetivo es dejar impunes a responsables del caso Iguala, dice
Mario Patrón, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (BERENICE FREGOSO. EL UNIVERSAL)
09/05/2017
02:40
Jorge Ramos Pérez
-A +A

[email protected]

La Procuraduría General de la República (PGR) “diluyó” el documento de trabajo de su Visitaduría General que describía anomalías en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, con el objetivo de dejar impunes a los responsables de esas irregularidades, en detrimento de la verdad que demandan los padres de los jóvenes, asegura Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Afirmó que el informe que señala anomalías de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas, elaborado por el ex visitador de la PGR, César Chávez, fue confirmado como parte de su entrega-recepción.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Patrón indicó que está en litigio un juicio de amparo en donde el juez ha admitido la existencia del documento; sin embargo, precisa ,será hasta que concluya cuando se determine su valor.

“Después de que los padres se levantan de la mesa en agosto de 2016, con Arely Gómez, por la falta de seriedad, a los 15 días sale César Chávez como visitador de la PGR. Ahora bien, tan existe el proyecto que el propio Chávez habla de su existencia y de lo que hizo en su contenido, y formaliza en su acta de entrega-recepción el proyecto de resolución”, explica.

“A los padres y a nosotros como representantes nos interesa la verdad de los sucedido y nos preocupa mucho que en el caso, la investigación que debiera ser la mejor hecha, porque estamos hablando de la violación de derechos más importante del México contemporáneo, pues es una indagatoria que reproduce los vicios estructurales que en otros momentos se han denunciado: métodos ilegales, fabricación de culpables y de hechos”, indica.

Hay señalamientos de tortura en contra de presuntos responsables, como es el caso de Agustín García Reyes alias El Chereje…

—La tortura es un hecho muy delicado porque pone en duda la verdad de las víctimas. Una institución eficiente, que investiga, no tendría que recurrir a ello. Eso pone en duda si de verdad lo que está establecido es realmente lo sucedido. No nos referimos a si los hasta ahora detenidos son culpables o no sino más bien al derecho a la verdad de las víctimas. El proyecto de César Chávez hace reflexiones contundentes como detenciones arbitrarias. Ese argumento no fue retomado en la investigación final de Adriana Campos. También se señaló violación al derecho a la defensa adecuada o asistencia de un abogado de Agustín García Reyes, que es otro elemento que no es retomado. Es muy relevante que se establece que se violó el derecho a la verdad de los padres de familia, porque se trató de actos de investigación ejercidos de manera ilegal con personas sin atribuciones y eso puede generar consecuencias jurídicas sobre el lugar de los hechos y vestigios ahí recogidos.

Añade que Chávez no concluye un efecto corruptor, pero “sí establece que se viola el derecho a la verdad y a la legalidad de todo lo sucedido en esa escena relevante para el caso”.

También se habla de peritos que ingresaron a la escena en el basurero de Cocula…

—Manipularon sin que ellos formaran parte de una actuación ministerial.

El documento, añade Patrón, establece violaciones administrativas graves en la investigación, por lo que propone la destitución de varios funcionarios y en el caso de Tomás Zerón, un procedimiento legal administrativo.

Incluso se presume que pudieron haberse cometido delitos contra la administración de la justicia, por eso se pedía instrumentar investigaciones de orden penal para proceder a lo correspondiente, pero todo esto es diluido en el siguiente proyecto de investigación y se habla de consecuencias administrativas y ya no de penales, y administrativas leves, por eso en el informe de la nueva visitadora no se habla de destituciones sino procedimientos por sus superiores jerárquicos.

¿Qué interpretación dan ustedes a esto y al hecho de que Zerón sea llevado a seguridad nacional?

—Y a la Presidencia de la República, como su jefe superior jerárquico, preveíamos que era una crónica de una absolución o encubrimiento anunciado. La historia nos da la razón con la resolución de Adriana Campos, que si se contrasta con el proyecto, no se pueden tener criterios jurídicos tan disímiles sobre la interpretación de un mismo hecho. La consecuencia que vemos es que hay una dimensión de encubrimiento en el caso y se quiere impedir que se devele toda una serie de irregularidades para el caso.

Patrón recuerda que se recurrió ante la justicia por las anomalías, “porque esto pudiera ser parte de una estrategia de encubrimiento que de alguna manera vulnere el derecho a la verdad y se esté escondiendo el verdadero paradero de los estudiantes y lo que verdaderamente sucedió”.

La PGR prácticamente dice que es como un acto de fe, que el documento es inexistente, ¿hasta ahora, en el juicio de amparo, el juez ya determinó la existencia del documento y su implicación jurídica?

—Hay dos pruebas irrefutables de la existencia. El dicho de Chávez de que la investigación existe. La otra es que en el acta entrega-recepción hay dos anexos y uno es ese proyecto, y eso ya lo requirió el juez y ya fue turnado por la PGR en el juicio. La existencia del documento no está en tela de juicio. Sobre si es vinculatorio, es un proyecto de resolución, pero ese proyecto es frontalmente adverso a la resolución notificada a los padres de familia y que unos hechos sometidos a análisis jurídico tengan posiciones tan disímiles y por eso la de Adriana Campos carece de exhaustividad y de alguna manera falta a la verdad con relación a los hechos. A nuestro juicio hay un acto de corrupción y de encubrimiento.

El caso de Florence Cassez que defendió Felipe Calderón en su sexenio, pero que al dejar el gobierno ella fue devuelta a su país por falla en el debido proceso, ¿puede pasar lo mismo en esta situación?

—En este tema no haría un diagnóstico, pero diría que México incurrió en responsabilidad internacional en el caso Ayotzinapa.

Mantente al día con el boletín de El Universal

 

COMENTARIOS