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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el permiso otorgado a una empresa para cultivar soya transgénica en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, Quintana Roo, para que se realice una consulta a las comunidades indígenas de la región.

Los integrantes de la Segunda Sala aprobaron la propuesta del ministro ponente, José Franco González, para dejar sin efectos el permiso otorgado a la empresa Monsanto Comercial, para la siembra comercial de soya transgénica.

El falló también ordena a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que en un plazo de seis meses realicen una consulta a las comunidades que se pudieran ver afectadas con el permiso.

“En aquellos casos en que existan proyectos de liberación de algún organismo genéticamente modificado que pueda causar un impacto significativo sobre comunidades indígenas, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, en colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, deben realizar la consulta a las comunidades involucradas”, indica el fallo aprobado.

El ministro ponente consideró que el proceso de consulta deberá comprender el periodo en el que se brinda la información a la población consultada; otro para la deliberación de los pueblos, uno más para la realización de reuniones para llegar a acuerdos y otro para la ejecución.

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