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A un mes de que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó la concentración de los amparos contra el gasolinazo en dos juzgados auxiliares, fueron admitidos a trámite los primeros asuntos.
En sus acuerdos de admisión, los juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, negaron la suspensión provisional a quienes solicitaron que se les aplique la tarifa de la gasolina vigente en diciembre de 2016.
Ello debido a que consideraron que conceder la medida solicitada por los quejosos afectaría el interés social y el orden público porque pueden generarse distorsiones en los precios de hidrocarburos que afectarían a todos los consumidores.
Según el CJF, cada juzgado ha recibido mil 400 demandas de amparo contra el gasolinazo.
En un acuerdo emitido el 28 de febrero pasado, el pleno del CJF ordenó que todos los amparos promovidos en la República Mexicana contra el aumento de los precios de combustibles fueran remitidos a dichos juzgados auxiliares. Desde inicios de este año, luego del anuncio de la flexibilización de los precios de la gasolina y su regionalización, diversos amparos fueron promovidos en el país.
Entre las principales reclamaciones hechas valer por los promoventes está la falta de atribuciones que, alegaron, tiene la Secretaría de Hacienda para fijar los precios de la gasolina, pues indicaron que era facultad expresa de la Secretaría de Economía.
Reclamaron que en estados como Sonora el precio por litro de gasolina sea más barato que en Jalisco, por ejemplo, con base en que el traslado del hidrocarburo de una región a otra influye en el costo.
En la Ciudad de México este fue uno de los principales reclamos, pues hubo ciudadanos que alegaron que el precio varía de una delegación a otra sin importar la lejanía entre ellas.
Otros más fueron promovidos directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se declaró incompetente debido a que de primera instancia compete a los jueces de Distrito en Materia Administrativa conocer de tales asuntos.
En consecuencia, desde enero pasado aproximadamente 10 amparos individuales y colectivos fueron remitidos a los juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Entre los primeros amparos admitidos por un juez de Distrito en Materia Administrativa está el del abogado José Óscar Valdés Ramírez, quien reclamó a la Secretaría de Economía la omisión de fijar los precios de la gasolina y señaló como tercero perjudicado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
El asunto fue admitido por el juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por lo que el abogado comenzó a difundir en redes sociales y a través de internet un formato y los pasos para interponer individualmente, y sin ayuda de ningún abogado, las demandas de garantías contra el gasolinazo.
Mientras tanto, los 24 alcaldes de Jalisco del partido Movimiento Ciudadano decidieron promover controversias constitucionales contra la regionalización de los combustibles.
Solicitaron al gobierno federal homologar los precios de la gasolina.