INE sólo “regaña”, pero no castiga a sus funcionarios

carina.garcia@eluniversal.com.mx

Durante 2016 la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones a 100 de sus servidores públicos, de los cuales ocho fueron sancionados con inhabilitación y dos suspendidos temporalmente.

Todos los demás recibieron una amonestación pública como sanción, de acuerdo con el reporte de la Contraloría General del instituto, según el cual aún mantiene abiertas seis investigaciones iniciadas a raíz de denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por hechos presuntamente irregulares relacionados con servidores públicos del organismo electoral.

Algunos de estos casos cumplieron casi tres años en trámite e iniciaron cuando aún existía el Instituto Federal Electoral, que desapareció en 2014.

Según la Contraloría, estos casos pendientes se refieren a servidores públicos que no garantizaron que el sistema CompraINE iniciara operaciones el 31 de diciembre de 2013; otros que “no realizaron de forma oportuna el registro contable de los intereses generados” en el Fideicomiso Fondo para atender el Pasivo Laboral del extinto Instituto Federal Electoral.

También sigue abierta una indagatoria interna contra un servidor público por suscribir un contrato con un prestador de servicios que, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no se encontraba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La instancia revisora también denunció a varios servidores del INE que notificaron a un contratista “76 días hábiles posteriores al acta de entrega de los trabajos, que no había cumplido con 100% de los trabajos de obra contratados”.

Un caso adicional en investigación es el de servidores públicos que no proporcionaron la integración de los gastos por concepto de “servicios personales” en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), y otro contra quienes no vigilaron el cumplimiento de un contrato.

Otras quejas. También destacan otras denuncias cuya resolución sigue congelada, mismas que fueron presentadas por el PRD, una en contra de funcionarios de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, pues, de acuerdo con ese partido, hay dilación en la resolución de casos.

Otras es contra servidores públicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE), a quienes se señaló de conducta omisiva que hizo posible el “fraude cibernético”, ocurrido con el voto de chiapanecos en el extranjero durante las elecciones locales de 2015, escándalo que derivó en la remoción de los siete consejeros locales del Organismo Público Local de Chiapas e incluso en la orden de aprehensión contra ex funcionarios locales.

De acuerdo con la querella del PRD, esa área del INE incurrió en omisiones en el resguardo de la información del padrón electoral y lista nominal, por no denunciar irregularidades en la conformación de la lista nominal de Residentes en el Extranjero en el proceso electoral local 2014-2015 en Chiapas.

En ese listado se anotaron más de 17 mil supuestos chiapanecos en el extranjero, quienes solicitaron registrarse desde países remotos como Cabo Verde, Croacia, Sri Lanka, Japón y “votaron” más de 6 mil.

En el primer semestre del año pasado fueron 71 las resoluciones, en tres casos no hubo sanción, pero 59 servidores o ex servidores públicos fueron amonestados, a uno se le suspendió de forma temporal y otro más fue inhabilitado.