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Esta tarde, los diez gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) urgieron al Congreso de la Unión a discutir, debatir y eventualmente aprobar la Ley de Seguridad Interior y dar a las Fuerzas Armadas un marco normativo a su participación en labores de seguridad pública en el país.

En un texto difundido hace unos momentos, aceptaron que en estos momentos no se puede prescindir de la ayuda castrense, pero advirtieron que es “impensable” continuar bajo las condiciones actuales, por lo que cada militar debe ser sustituido en el corto plazo por un policía confiable, honesto y profesional.

El documento los gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, establecen:

“Ante la indefinición en el que se encuentra la Ley de Seguridad Interior, los gobernadores consideramos que las iniciativas presentadas atienden asuntos de vital importancia para todas las entidades federativas, principalmente la regulación de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad”, establecieron en un pronunciamiento público.

Agregaron que desde hace algunos años, los grupos del crimen organizado en el país se han transformado y las instituciones de seguridad pública ya no solamente tienen la tarea de combatir el narcotráfico sino también de enfrentar una red criminal diversificada.

Los mandatarios panistas pusieron énfasis en que es en este contexto que la intervención de las Fuerzas Armadas se volvió importante para estabilizar ciertas regiones del país donde las instituciones se vieron rebasadas por la criminalidad.

“Para que la paz vuelva a todos los estados de la República se requiere dar los pasos necesarios y el fortalecimiento policial. La participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de los órdenes de gobierno locales, es un instrumento que permite fortalecer las capacidades institucionales civiles. Sin embargo, esta intervención se ha desarrollado sin la certeza de un marco legal”, señalaron.

Afirmaron que un paso fundamental en la tarea de pacificación de México es la Ley de Seguridad Interior pues con ésta se establecerán las reglas y procedimientos para que la actuación de las Fuerzas Armadas se realicen sobre la base de objetivos precisos, temporalidades definidas, mecanismos de control y rendición de cuentas, así como compromisos evaluables de fortalecimiento institucional.

Consideraron que la Ley debe contener, al menos, los siguientes temas:

Establecer claramente los supuestos para una intervención de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior; priorizar los derechos humanos; evitar en todo momento incurrir en un estado de excepción que limite garantías; establecer que el despliegue militar sea proporcional al tamaño del riesgo o de la amenaza; asegurar que se tengan controles y contrapesos institucionales; garantizar que las técnicas de investigación se ajusten al marco constitucional.

“Como gobernadores, recibimos su apoyo y trabajamos con ellos, coincidimos en la necesidad de una regulación que permita, como primer paso, la transición hacia un sistema en el que las policías regresen a ser los principales garantes de la seguridad ciudadana.

“Hoy por hoy, no podemos prescindir de la ayuda que brindan los militares desplegados en el territorio nacional, pero también es impensable continuar bajo las condiciones actuales. Los gobernadores debemos seguir trabajando para que cada militar desplegado pueda ser sustituido en el corto plazo por un policía confiable, honesto y profesional”, establecieron.

Recalcaron su interés por que dicha ley sea resuelta por el Legislativo a la brevedad. Indicaron que con esta y otras herramientas legales que se discuten  hoy en el Congreso se podrá fortalecer la capacidad de respuesta del Estado mexicano frente a la delincuencia y el crimen organizado, y encontrar mejores caminos para que la paz y la tranquilidad regresen a las familias mexicanas.

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