Los consejeros del Instituto Nacional Electoral  Marco Antonio Baños y Enrique Andrade González expusieron que tras la decisión judicial que invalidó la rebaja en el 10% de sus percepciones, ahora deberán decidir colectivamente si se toman otras medidas de austeridad.

Incluso podrían analizar si voluntariamente destinan parte de sus ingresos a alguna causa social, “no me cierro a ninguna posibilidad” estableció el consejero Baños Martínez, quien integró la Comisión Temporal de Presupuesto 2017 y estará en la Comisión que en unas semanas más se instalará para comenzar a diseñar el plan de gasto 2018.

Pero aseguró que “el de las percepciones es un tema que habrá que  discutir ahora viendo los alcances de la sentencia” y revisándola con cuidado para ver exactamente qué resolvió el TEPJF.

En entrevista recalcó que el peso más importante de las medidas de austeridad del INE no estaba centrada en la reducción salarial, sino en los  mil 70 millones de pesos que el organismo regresó a la Tesorería de la Federación (Tesofe) al decidir la suspensión de las obras para las torres de la nueva sede del Instituto.

Además recordaron Baños y Andrade, está el Acuerdo de austeridad emitido por el INE el pasado 24 de febrero en el que avaló 17 nuevas medidas de austeridad y disciplina presupuestaria adicionales a las acordadas en enero, y con las que se prevén ahorros por 115 millones de pesos.

“Hay el compromiso de seguir revisando otros proyectos que no sean prioritarios y  se pudiera ahorrar…ese compromiso es claro las áreas revisarán de dónde” habrá más economías, indicó Andrade González.

Próximamente se instalará la Comisión de Presupuesto 2018 que tiene el compromiso de revisar otros ahorros, dijo.

Reconoció que aún entre consejeros del INE había dudas sobre la competencia de la Junta General Ejecutiva  (JGE) para decidir sobre la disminución de percepciones, decisión que no estaba facultada a tomar, estableció hoy el TEPJF.

La verdad es que jurídicamente se tenía esa duda no solamente por él sino por otros consejeros qué bueno que se haya pronunciado la Sala Superior y sea un tema resuelto”.

Estableció que tras revisar la sentencia podría determinarse si sería viable o no  que consejeros y funcionarios  puedan realizar donativos con una parte de sus ingresos.

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