Proponen perredistas juicio político también para presidentes

La figura tendrá un plazo de un año después de que termine su administración, según la iniciativa del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados
08/03/2017
18:27
Horacio Jiménez y Suzzete Alcántara
Ciudad de México
-A +A

[email protected]

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa en la que propone que la figura de juicio político también pueda ser presentado contra el titular del Ejecutivo federal, y éste tendrá un plazo de un año después de que termine su administración.

A través del diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano, el sol azteca también busca establecer que los plazos para el desarrollo del procedimiento no prescriban debido a la irresponsabilidad o inacción del órgano competente, y la inhabilitación del servidor público será concebida como una medida de protección a la administración pública y no como una sanción al servidor; el objeto es proteger el interés general de la administración respecto a un mal servidor público, dijo el legislador.

Respecto al juicio de desafuero, que es un procedimiento parlamentario para eliminar la protección constitucional a un legislador o un servidor público y evitar que goce de inmunidad procesal, Hernández Soriano sostuvo que la experiencia muestra un uso indiscriminado del fuero, “provocando un halo de impunidad carente de relación alguna con la expresión de sus ideas en el cumplimiento de sus funciones”.

El también secretario de la Comisión de Gobernación expuso que el actual y sofisticado andamiaje legal ha propiciado que ninguno de los servidores públicos a quienes se les inició una demanda de juicio político por haber “incurrido en actos y omisiones que han redundado en perjuicio de los intereses públicos fundamentales,… han sido sujeto a dicho proceso”.

En la actualidad “los funcionarios protegidos por el fuero constitucional hacen uso indiscriminado de éste, provocando un halo de impunidad que ha carecido de relación alguna con la expresión de su ideas en el cumplimiento de sus funciones”.

“Necesitamos vacunar a nuestro sistema político contra la impunidad y demostrar a la sociedad que los servidores públicos no gozamos de privilegios indebidos” y que “respondemos a nuestra investidura en condiciones de igualdad que el resto de los ciudadanos cuando nuestra conducta no se ciñe a la ley”, añadió.
Por ello, abundó, es necesario “romper este círculo de impunidad” y que cuando haya una sentencia en primera instancia se elimine el juicio de desafuero “por constituir un instrumento de coacción o de protección política a los servidores públicos”.

Que a los funcionarios señalados se les pueda iniciar su proceso sin la separación del cargo y que sólo cuando exista una sentencia condenatoria en primera instancia, proceder a la separación voluntaria del cargo del funcionario o bien, el presidente de la Cámara de Diputados declararla en términos de la legislación reglamentaria.

Para no generar resquicios en el ámbito local, abundó el diputado del PRD, en el caso de los gobernadores, se establece que será la Cámara de Diputados federal la que realice la declaratoria y la comunique a las legislaturas locales.

Asimismo, subrayó que la reforma constitucional propone que sea la Cámara de Diputados la que conozca y resuelva sobre las acusaciones al Presidente de la República en lugar del Senado, por ser la Cámara de Diputados el órgano en donde reside la representación popular.

Explicó que la reforma dispone que el presidente de la República pueda ser acusado por violaciones graves a los derechos humanos, corrupción y delitos graves del orden penal, además de traición a la patria, como se establece en la actualidad.
ahc

Mantente al día con el boletín de El Universal

 

COMENTARIOS