En una reunión de senadores de las comisiones de Gobernación y Población, para escuchar puntos de vista de organizaciones sociales que rechazan el nombramiento de Paloma Merodio Gómez, como integrante de la Junta de Gobierno del INEGI, se cruzaron acusaciones de actuar en la ilegalidad.

Organizaciones de la sociedad civil, en las que se encuentran el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), entre otras, insistieron que se “nomine a otra persona” para integrar la Junta de Gobierno del INEGI.

“Paloma Merodio Gómez no tiene la experiencia laboral de alto nivel de cinco años, ni con una carrera académica distinguida”, expusieron los representantes de las organizaciones, entre ellos, Rodolfo de la Torre, del CEEY. “Exhortamos al Senado que se siga el procedimiento legislativo correcto y que dicho nombramiento sea legal”.

La reunión estuvo encabezada por los presidentes de las comisiones de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, y de Población, Armando Ríos Píter, y en su intervención el coordinador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, respondió que el Senado actúa dentro de la legalidad.

Al término de la reunión privada, Puente Salas dijo a los periodistas que en el Senado “estamos comprometidos con la transparencia y con base en esto, se tiene compromiso de trabajar con legalidad; y lo vamos a hacer en el formato de parlamento abierto”.

Refirió que expuso en el diálogo con los representantes de las organizaciones sociales que “que para exigir esa legalidad (que piden) hay que cumplirla”.

Comentó a los reporteros: “Les demostraba con información pública que está en la página del SAT que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, que recibe donaciones, tiene autorizado ejercer no más de 5% de esas donaciones para para sus gastos administrativos, que se excedieron casi 15%, en los años 2013 y 2014”.

Subrayó Puente Salas: “Esto quiere decir que el CEEY se está conduciendo al margen de la ley, y habría que solicitar al SAT una revisión, si verdaderamente ellos están cumpliendo con la ley, y están en capacidad de venir a emitir juicios y prejuzgar al Senado de la República que puede cometer actos ilegales”.

Señaló que el director del CEEY, Enrique Cárdenas, en 2013 tuvo un sueldo de 303 mil pesos mensuales, y en 2014, ascendió a 377 mil pesos mensuales. “Nada mal, ¿no?”, señaló.

Puente Salas sostuvo que Paloma Merodio Gómez cumple los requisitos para el puesto en la Junta de Gobierno del INEGI y que son falsos señalamientos de su currículum que se han difundido recientemente y que quedarán aclarados en la comparecencia a la que ha sido citada para este jueves.

Google News

Noticias según tus intereses