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La vida en esta ciudad fronteriza ha cambiado radicalmente. Es el Segundo Barrio, la zona de El Paso que está pegada a Ciudad Juárez, Chihuahua.

La música de José Alfredo Jiménez ya no suena a todo volumen, acto que era común; las calles no están vacías, pero se ve menor tránsito. Ese barrio, pegado a Ciudad Juárez y en cuyo panteón está la tumba del considerado traidor revolucionario, Victoriano Huerta, ya no es lo mismo.

Así las comunidades en donde viven migrantes legales e ilegales.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero pasado, que tuvo la autoridad para firmar  órdenes que van en contra de los migrantes indocumentados en la Unión Americana, la vida cambió para millones de mexicanos.

“Estamos en alerta máxima, alerta roja, oscura. Estamos en resistencia y al paso que vamos podemos llegar a una resistencia civil pacífica”,  expresa Fernando García, presidente de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

Texas, un estado con un gobierno estatal republicano que encabeza Greg Abbott, no ha sido particularmente muy defensor de los migrantes.

De hecho, apenas en enero pasado, el Senado de Texas aprobó la propuesta de ley SB4, que busca prohibir las llamadas ciudades santuario y penalizar a los gobiernos locales y universidades que se nieguen a colaborar con las autoridades de inmigración. Ahora, es la Cámara de Representantes la que deberá votar el proyecto.

Sin embargo, para muchos habitantes de El Paso la realidad es otra.

Desde hace 19 años, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos se ha dedicado a brindar ayuda a migrantes principalmente mexicanos. Se les enseña que aún en su calidad de indocumentados, la Constitución estadounidense los protege.

“Si no tienes documentos no importa, tienes derecho a expresarte, a reunirse, tienes derecho a que nadie  entre en tu casa si no hay una orden emitida por un juez, derecho a permanecer callado, ver a un abogado, esos derechos los hemos enseñado durante mucho tiempo”, comenta Fernando García.

Lo que no imaginó, hace 19 años, es que esa difusión fuera a ser tan importante hoy en día.

“Nunca habíamos estado en una situación en donde hoy esos derechos se vuelven ultrarrelevantes. Antes la gente sí escuchaba, pero no  sabía en qué momento podría ser útil. Y es que ahorita, después de ocho años en donde hubo una política medio ambivalente con los migrantes, hoy sabemos que están en peligro,  porque hay una política federal dura; el hispano está en peligro sobre todo porque hay mucho racismo”, advierte.

García señala que la comunidad migrante está bajo acecho, que si bien la autoridad de El Paso es amigable, no así la estatal y mucho menos la de Inmigración Federal.

En El Paso recién ocurrió un incidente con un joven de 23 años, indocumentado. Fue en Montana Vista, el joven salió a bordo de su camioneta, pero fue detenido por Policía Estatal (State Trooper) bajo el argumento de tener oscuros los vidrios. El incidente dio pie a que llegara autoridad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que verificaron el estatus migratorio del joven y al descubrir que era indocumentado, se lo llevaron detenido para iniciar proceso de deportación.

“Una de las cosas que decimos es que el trabajo de migración no le corresponde a la Policía del Estado, pero en Texas se ha asumido una posición dura”, indica Fernando García.

En El Paso no se han llevado a cabo redadas masivas como en otras partes de la Unión Americana, pero lo que organizaciones sociales sí han detectado es que en los barrios pobres, meramente de migrantes, llegan agentes de migración en aparente busca de una persona, pero aprovechan para cuestionar estatus migratorio de quien se les atraviese.

A través de su organización, Fernando García ha comenzado algo que le llama resistencia, es decir, bombardear con información a toda la comunidad migrante para que conozca sus derechos, y qué debe hacer y que no en caso de verse en algún apuro con agentes de migración.

Además, llama a que todas las comunidades se unan porque en lo individual no se puede dar batalla. Si hay un incidente, recomienda, es necesario que toda la comunidad informe a través de mensajes, llamadas o todos los medios que sean necesarios.

Ahora busca crear un Comité de Defensa Legal para quien requiera de abogados, pero es algo que sabe le tomará tiempo porque cuesta dinero. Cuenta con la iniciativa Migra Watch, que es un proyecto de observación. Lo que se le pide a la comunidad es que si en su camino se les atraviesa algún incidente con un migrante traten de grabar video y/o tomar fotografías, y ello porque los agentes de migración suelen decir que no ocurren las cosas como se denuncian.

“Nosotros estamos viendo hasta qué punto va a escalar esto, pero no negamos que nos empujan a una resistencia civil pacífica. Están dividiendo familias y no es lo que queremos”, apunta.

Fernando García alerta que es necesario tener cuidado con los reglamentos de tránsito, porque es por ahí que los migrantes son detenidos.

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