Indemniza EU a familia de migrante asesinado

Pagará un millón de dólares a los hijos de Anastasio Hernández, quien murió en 2010 por golpiza de policías
25/02/2017
02:14
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El gobierno de Estados Unidos indemnizará con un millón de dólares a los hijos del inmigrante Anastasio Hernández para resolver el proceso legal que su familia inició hace seis años cuando el mexicano murió tras recibir golpes y descargas eléctricas por parte de agentes fronterizos en California.

El acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez federal, establece que la indemnización será dividida entre los cinco hijos de Hernández, mientras que se destinaría cerca de 25% para cubrir los gastos de representación legal, indica la solicitud presentada ante la Corte del Distrito Sur de California.

“Estados Unidos ha aceptado entregar la cantidad entera y está listo y dispuesto a pagar sujeto a la aprobación de esta petición”, detalla el documento firmado por el grupo legal que representa a los deudos del migrante.

Hernández fue detenido el 28 de mayo de 2010 cuando intentó reingresar a Estados Unidos sin documentos. Horas más tarde fue tras-ladado a la antigua zona de deportaciones, cercana a la garita de San Ysidro, donde se registró un altercado que fue captado por dos testigos, quienes grabaron un video con sus teléfonos celulares.

Según la demanda, el suceso se habría iniciado supuestamente porque el mexicano no acató la orden de los policías de poner las manos sobre la cabeza.

En respuesta, los agentes fronterizos arrojaron a Hernández al suelo, donde fue esposado y recibió una serie de golpes y descargas eléctricas que ocasionaron su muerte unos días más tarde.

La antigua zona de deportaciones, sobre lo que en aquel entonces se conocía como Puerta México, se encontraba a la vista de miles de peatones que ingresan diariamente a la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California.

En uno de los videos se escucha cómo Hernández pide ayuda en más de una ocasión, mientras que testigos pedían a los oficiales que detuvieran los golpes.

En noviembre de 2015, el Departamento de Justicia optó por no presentar cargos criminales a 12 agentes federales, incluyendo supervisores, al determinar que no había evidencia suficiente para comprobar que actuaron con malicia en contra del mexicano.

El cierre de la investigación federal derivó en que en marzo de 2016 activistas defensores de derechos humanos y familiares del indocumentado enviaran el caso para análisis ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un proceso que aún continúa pendiente.

Este caso impulsó a que organismos civiles demandaran que agentes fronterizos porten cámaras en sus uniformes para evitar casos de uso excesivo de fuerza.

Los abogados de los agentes involucrados habían presentado una apelación ante el Noveno Circuito, aunque finalmente se llegó a un acuerdo para poner fin a la demanda civil por homicidio culposo y uso excesivo de fuerza, interpuesta hace siete años.

Por lo pronto, se citó a una nueva audiencia a principios del mes de marzo en la Corte Federal de San Diego, en la cual, se podría aprobar la resolución definitiva del caso.

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