Con sobrecostos, Hangar Presidencial

francisco.resenediz@eluniversal.com.mx

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) determinó, en la revisión de la Cuenta Pública 2015, que en la ampliación y modernización del Hangar Presidencial “no se garantizaron las mejores condiciones de economía, eficacia y transparencia para el Estado”.

La entidad fiscalizadora descubrió que en esta obra —realizada para recibir al nuevo avión presidencial José María Morelos y Pavón— se registraron sobrecostos por más de 141 millones de pesos y pagos indebidos por más de 120 millones de pesos.

Además, determinó irregularidades en la adjudicación directa de contratos de obra pública y servicios, en los volúmenes pagados, en matrices de precios unitarios extraordinarios, en los costos de insumos en relación con los precios de mercado y en el cálculo del factor de salario real.

Advierte que se aceptó un catálogo de conceptos con cantidades de obra que no correspondían con las requeridas de acuerdo con el proyecto ejecutivo y precios unitarios incorrectamente integrados, con lo que se incumplió el objetivo del contrato que generó un sobrecosto de 141 millones 327 mil pesos en la ejecución de los trabajos y servicios, de los cuales 118 millones 584 mil pesos corresponden al contrato de obra y 22 millones 743 mil pesos al de supervisión.

En los resultados de la revisión del proyecto Ampliación y Modernización de la Plataforma Presidencial y de sus instalaciones de Servicio, Resguardo y Apoyo en el AICM, la ASF pidió la promoción de “responsabilidad administrativa sancionatoria” contra funcionarios que adjudicaron la obra. En los resultados de la auditoría, concluida el 16 de diciembre de 2016, se pone énfasis en que “en términos generales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SA de CV, no cumplió las disposiciones legales”.

Destacó que se adjudicaron directamente los contratos de obra pública y de servicios a empresas con propuestas que resultaron “caras y mal integradas”, lo que no posibilitó el cumplimiento del objetivo del proyecto y generando un sobrecosto en la ejecución de los trabajos.

Además, se celebró un convenio de colaboración con la Sedena para terminar los trabajos pendientes, a pesar de que éstos no se habían entregado a la dependencia y seguían bajo resguardo de la contratista.

La Auditoría determinó que entre los pagos indebidos están: 7 millones 184 mil pesos por diferencias entre los volúmenes pagados por el AICM y los cuantificados por la ASF, y 41 millones 919 mil pesos por la incorrecta integración de las matrices de conceptos no considerados en el catálogo original del contrato.