La Oficina de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República (PGR) ha registrado 52 casos casos de violencia política.

Los casos sobresalientes son de la regidora del municipio de Tecamachalco, Puebla, y de una Presidenta Municipal de Tlapa, Guerrero, a quienes la Fepade brindó acompañamiento y protección.

Esta oficina, que comenzó actividades con la aplicación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, está integrada por áreas especializadas que brindan apoyo psicológico, jurídico, de seguimiento y protección para las víctimas.

La Fepade, en caso de considerar que la integridad física de las víctimas se encuentra en riesgo, solicita apoyo a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para que agentes de la Policía Federal brinden protección a las personas afectadas; en total se ha solicitado ayuda en 16 ocasiones.

Durante las actividades de la Oficina de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Fepade se ha otorgado la calidad de víctima a 26 mujeres.

Datos de la Fiscalía señalan que el  mayor índice de violencia política se comete contra mujeres en el ejercicio de sus funciones públicas, en total ha registrado 21 casos; de candidatas en procesos electorales se registraron 10 casos y de funcionarias electorales y funcionarias partidistas  la Fepade detectó ocho y seis casos respectivamente.

La Fepade informó sobre "una preocupante cifra de casos de violencia contra mujeres indígenas que ostentan cargos públicos y se ven obstaculizadas en el desarrollo de sus funciones" y destacó el caso de la Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 07, en Oaxaca, quien fue atacada por un grupo de manifestantes en un evento público y donde se liberaron y cumplimentaron órdenes de aprehensión y el de la presidenta municipal de Chenalhó, Chiapas, quien fue obligada a dimitir de su cargo el 25 de mayo de 2016.

Otros casos que destacó la Fiscalía es el de la Magistrada electoral local en San Luis Potosí, quien denunció violencia política por el presidente del tribunal local, y el de la precandidata a la alcaldía de Aguascalientes quien recibió amenazas en su domicilio.

La Fepade ha iniciado carpetas de investigación por obstaculización en las funciones electorales de los consejeros, quienes no recibieron el sueldo correspondiente a sus funciones y la falta de presupuesto para el Instituto Electoral del Estado de Nayarit.

De la misma forma, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por la irrupción de trabajadores del Ayuntamiento en al menos dos propiedades de la Presidenta Municipal de Apango, Guerrero, durante las cuales realizaron saqueos y agredieron a sus familiares.

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