INE prevé ahorro de 10 mdp por reducciones

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El Instituto Nacional Electoral (INE) ahorrará al año 10 millones 300 mil pesos a consecuencia de la reducción de 10% a las percepciones de 32 funcionarios —incluidos los consejeros— y el retiro de la prestación de telefonía celular.

En sesión de la Junta General Ejecutiva del INE, el organismo concretó ajustes a su Tabulador de Sueldos para puestos de la rama administrativa, el Manual de Percepciones para los servidores públicos de mando y autorizó la publicación de la Estructura Ocupacional 2017, con lo que se oficializaron las medidas de austeridad, que no llegan a 1% del total del presupuesto del INE, por 10 mil 932 millones de pesos para este 2017.

Así se redujeron las percepciones de 32 funcionarios: los 11 consejeros electorales, el secretario ejecutivo, el titular de la Contraloría General, los directores ejecutivos, titulares de Unidad Técnica, el coordinador de asesores de la Presidencia del Consejo y de la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

Para que la disminución de salario tenga validez, además del aval de la junta, todos los funcionarios firmaron su adhesión al acuerdo y aprobaron su publicación en el DOF.

En la sesión también se aprobó el acuerdo de suspensión de la construcción de las instalaciones proyectadas en las oficinas centrales en Viaducto Tlalpan y el reintegro de mil 70 millones 49 mil 35 pesos con 17 centavos a la Tesorería de la Federación, lo que se concretará el próximo 2 de febrero.

El consejero presidente Lorenzo Córdova dijo que si bien esos recursos pueden tener como fin “áreas socialmente prioritarias”, no toca al INE decir en qué se aplicarán y pidió que sea la sociedad la que exija el correcto uso y dé seguimiento a ese dinero.

Córdova recordó que la decisión del INE, tanto respecto a la reducción de ingresos como la de no construir las torres gemelas, se debió a que no podría permanecer insensible frente a la situación que vive el país, pues el organismo, cuya tarea fundamental es la de organizar elecciones, “necesita del acompañamiento voluntario y comprometido de los ciudadanos”, y por tanto hacer propias las preocupaciones de la sociedad mexicana.

Perredistas proponen bajar gasto. Por separado, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara Baja presentó un punto de acuerdo para que la Junta de Coordinación Política de San Lázaro aplique un plan de austeridad integral, donde haya reducción de la dieta de los legisladores de 10% y disminución de las subvenciones ordinarias de los grupos parlamentarios de 15%.

También busca eliminar el pago de telefonía celular, así como la compra de autos para 2017, y reducir 15% la contratación de personal de honorarios.

El documento presentado ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, la perredista Cristina Gaytán busca garantizar que los recursos generados por las economías y ahorros se reintegren a la Hacienda Pública Federal.

Describe que las personas obligadas de este acuerdo, serán las áreas parlamentarias, administrativas y técnicas de la Cámara, el Canal del Congreso, la Coordinación de Comunicación Social y la Contraloría Interna. No deberán afectar las actividades relativas a la seguridad de los legisladores, servidores públicos y personas que asistan a las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Propusieron realizar un análisis organizacional, con la finalidad de generar estructuras eficaces y eficientes, compactar áreas de trabajo administrativas y legislativas.

Además de reducir los servicios de alimentación en las reuniones de comisiones legislativas, hasta alcanzar 25% del presupuesto asignado en este concepto de gasto también piensan disminuir el concepto de erogaciones por servicios de telefonía.

Proponen que no podrán efectuarse nuevos arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas. Eliminar el concepto de erogaciones por combustibles, lubricantes y aditivos de vehículos.

Los perredistas también explicaron que se debe garantizar que las reducciones y eliminaciones de conceptos de gastos, tengan el carácter de regularizable para los subsiguientes ejercicios fiscales. Los nuevos proyectos legislativos quedarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria, conforme al Acuerdo correspondiente de los Órganos de Gobierno.

Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de llevar a cabo, dentro de sus respectivas áreas y atribuciones, las acciones que se requieran para la debida observancia de las disposiciones de este acuerdo, informaron.