Ley de Seguridad no es un cheque en blanco: PRI

Congreso de la Unión ve consenso para regular a Fuerzas Armadas; presidente del Senado da plazo de 30 días para aprobar el dictamen
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa; el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, y el presidente del Senado, Pablo Escude ro (PVEM), encabezaron ayer la primera reunión de trabajo de Comisiones Unidas. (LUCÍA GODÍNEZ)
11/01/2017
02:14
Misael Zavala y Juan Arvizu
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El Congreso de la Unión comenzó ayer los trabajos en conferencia con senadores y diputados para concretar la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que se contempla sea votada en 30 días naturales, ya que hay coincidencias del gobierno y bancadas de regular la actuación de las Fuerzas Armadas.

Entre las similitudes, destaca el regreso gradual de militares y marinos a los cuarteles.

En la primera reunión de trabajo de las Comisiones Unidas en el Senado, representantes de las cámaras de Senadores y Diputados, así como el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el académico Jorge Islas plantearon la urgencia de legislar en materia de seguridad interior.

En el encuentro, Castillejos resaltó la importancia de la participación constructiva para llegar a una Ley de Seguridad Interior que regrese a las Fuerzas Armadas a su función primordial, que es la seguridad interior y la defensa exterior del país.

“Pero que también permita la participación de las Fuerzas Armadas en la lógica constitucional establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la función auxiliar de la seguridad pública, pero con una reglamentación clara, precisa, que le dé certeza a nuestras Fuerzas Armadas de su actuación”.

Detalló que las iniciativas presentadas por los partidos tienen diversas coincidencias, como los procedimientos para la declaratoria de afectación a la seguridad interior, la regulación de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de esta función de seguridad interior y en la coordinación con los estados y los municipios para intervenir en esta función que constitucionalmente es originaria del Ejecutivo federal.

“Con leyes que se complementan y que podrán regular, insisto, no sólo la función de las Fuerzas Armadas sino las funciones de instituciones civiles, como en el caso de trastornos que puedan generarse por epidemias, por pandemias o por cualquier otro tema de salud”, dijo Castillejos Cervantes.

El académico Jorge Islas resaltó que la ley busca ofrecer remedios institucionales emergentes para resolver diversas calamidades de inseguridad que se registran en distintos estados, que por su naturaleza deben ser atendidas de manera inmediata. En este sentido, se impulsa un nuevo marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en sus funciones de resguardo a la población.

Certeza de labores. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, afirmó que es una obligación darle certeza jurídica a todas las labores del Ejército y de la Marina.

“No es, evidentemente, un cheque en blanco para nadie. En un estado democrático todos, empezando por las autoridades, tenemos que estar ceñidos a la norma jurídica”, dijo.

El senador Roberto Gil (PAN) detalló que 90% de las policías gana menos de 9 mil pesos al mes y con esos pagos no se podrá garantizar la estabilidad del país en términos de violencia y, mucho menos, con la capacidad corruptora del crimen organizado.

Aclaró que con esta ley de seguridad interior no se pretende militarizar al país, por el contrario, explicó que para que los militares regresen a los cuarteles se necesitan 65 mil policías federales para sustituir al despliegue actual del Ejército. En este momento, detalló, tenemos 48 mil federales y es necesario invertir en la capacitación de unos 20 mil policías más.

El coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, quien hoy presenta su iniciativa, dijo que se debe analizar el establecimiento normativo del regreso a los cuarteles de las Fuerzas Armadas.

El próximo martes, en la Cámara de Diputados, se realizará un encuentro entre senadores, diputados y representantes de la academia para analizar las iniciativas presentadas; posteriormente se debatirá el marco de la convencionalidad en materia de derechos humanos y, finalmente, una reunión más con el Ejército.

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