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El Instituto Nacional Electoral (INE) informó a la Cámara de Diputados que los promotores de la Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, en la que se plantea el rechazo a los matrimonios entre personas del mismo sexo, lograron acreditar el número y veracidad de las firmas de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores (LNE).

Con ese informe, rendido por el INE a la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva, Javier Bolaños Aguilar, deberá turnar la iniciativa a comisiones para su análisis y dictamen hasta la conclusión del proceso legislativo.

Bolaños Aguilar (PAN) confirmó la recepción del oficio ayer a las 12:29 horas y adelantó que la próxima semana la turnará a las comisiones respectivas para su análisis y dictaminación.

“No voy a retrasar el turno a las comisiones. Como en todos los casos lo turnaré de inmediato para que se dé el análisis y el debate con la mayor apertura”, dijo a EL UNIVERSAL.

“Que cada quien defina su posición y consecuentemente su voto. Es un tema que seguramente va a generar muchas opiniones”, dijo el legislador.

La propuesta de reforma al artículo 4 de la Constitución Política para establecer que el matrimonio es sólo la unión entre un hombre y una mujer, fue promovida por José Lara Sánchez, presidente del Centro Cultural y Orientación Civil Concertación A.C. y la documentación de respaldo, las miles de firmas, fueron verificadas por el INE a través de su Registro Federal de Electores (RFE).

En sendos oficios, enviados por el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, a Bolaños Aguilar, el organismo reportó que el total de firmas válidas que acreditaron los promotores fue de 134 mil 657 ciudadanos.

De acuerdo a los resultados de la revisión hecha por el RFE, la base para verificar que se hayan reunido al menos 0.13 % de las firmas de respaldo a una iniciativa ciudadana —umbral previsto en el artículo 71 de la Constitución— fue la Lista Nominal de Electores con corte al 8 de septiembre.

En ese corte había 82 millones 276 mil 280 ciudadanos mexicanos enlistados, por lo que el porcentaje de firmantes a cubrir fue de 106 mil 948 ciudadanos.

Los promotores entregaron a la Cámara de Diputados y ésta remitió al INE, en dos envíos, un total de 96 cajas con 163 mil 878 firmas de ciudadanos, cuya inclusión en el LNE fue verificada por el RFE del INE.

Se halló que 134 mil 657 sí estaban en el listado (0.16 % de la LNE) pero “el número de ciudadanos que suscribieron la solicitud de la iniciativa en cita y que no se encontraron incluidos en la LNE con corte al 8 de septiembre fueron 29 mil 221 de los cuales, 5 mil 825 registros estaban dados de baja” por lo que esas firmas fueron descartadas.

De acuerdo al oficio entregado por el INE, una vez cubierto el requisito de haber reunido 0.13% de las firmas requeridas para promover una iniciativa ciudadana, se eligió aleatoriamente una muestra para corroborar la autenticidad de las firmas.

Esta muestra consistió en 2 mil 500 registros aleatorios de los 134 mil 657 ciudadanos firmantes que sí se encontraron en la LNE, para contrastar sus rúbricas con las que tiene resguardadas la base de datos del Padrón Electoral.

La muestra permitió un nivel de confianza de 95% y una precisión de +2 puntos y resultado de la revisión “se infiere una proporción de firmas coincidentes, ente 94.6% y 96.3%”.

Hasta ahora se han presentado en la Cámara Baja una iniciativa ciudadana.

Este viernes 28 de octubre, la Secretaría General de la Cámara de Diputados recibió la primera notificación del INE de la iniciativa para modificar el artículo 4 de la Constitución.

En abril pasado, el Sindicato Mexicano de Electricistas envió una iniciativa a la Cámara de Diputados con la que buscaba crear una empresa eléctrica, sin embargo, no cumplía con los requisitos y se desechó. También en abril pasado, jóvenes simpatizantes de la izquierda enviaron otra iniciativa a la Cámara de Diputados que buscaba legalizar el uso de la marihuana, sin embargo, también fue desechada por incumplir con los requisitos.

Una iniciativa ciudadana, de acuerdo con la ley, es un proyecto de ley o decreto presentado por el equivalente a 0.13% de la lista nominal de electores para crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales.

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