Diputados del PAN y PRD dieron a conocer que presentarán mañana ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo, para pedir que sesione de inmediato la Subcomisión de Examen Previo e inicie el análisis de los 319 casos de juicio político que se tienen desde el año 2003.

El anuncio lo hicieron en conferencia de prensa los diputados Rafael Hernández Soriano y Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, así como Jorge Triana Tena, de Acción Nacional.

Durante la sesión de la Permanente, que se lleva a cabo en el Senado de la República, “subiremos un punto de acuerdo para exhortar a las comisiones de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados a que sesionemos de inmediato”, indicó el panista.

Y que se fijen criterios claros y precisos de cómo vamos a abordar cada uno de estos expedientes e iniciemos el análisis respectivo de manera expedita”, apuntó.

Recordó que los presidentes de las comisiones de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente y de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa, instalaron el 21 de abril la Subcomisión de Examen Previo, que analiza las solicitudes de juicio político, la cual está integrada por 14 diputados.

Los tres legisladores, del PAN y PRD, lamentaron que hasta la fecha no se haya realizado una sesión para iniciar el análisis de esos casos.

“Hacemos patente nuestra exigencia de que la Subcomisión funcione”, con el fin de mandar el mensaje a la población de que “no protegemos la impunidad, ni a funcionarios públicos”, indicó Hernández Soriano,

Triana Tena sostuvo que “es un clamor social el que se haga justicia y se termine con el tema de impunidad en este país”.

Comentó que “absolutamente todos los partidos políticos tienen por lo menos a una persona emanada de su instituto político en alguno de esos 319 expedientes” y resaltó que “ni siquiera es un tema contra un partido político”.

Expuso que para llegar a los últimos casos de juicio político, como el del gobernador de Veracruz, “tendríamos que analizar los que vienen desde el año 2003, que fue la última vez que se instaló esta Subcomisión de Examen Previo”.

Precisó que algunos de los 319 casos perdieron materia, porque ya no ocupan el cargo y la consecuencia de un juicio político es la remoción inmediata del cargo, en primera instancia.

Por ello, añadió, algunos casos se desecharán y otros habrá que analizarlos uno por uno, para lo que se deberá establecer un orden de prioridad, de acuerdo a su relevancia, a fin de poderlos desahogar.

El diputado panista aclaró que la Subcomisión no decide quien es culpable o inocente, ni quien debe ser juzgado.

“Simplemente le damos entrada a cada uno de estos juicios políticos, después el documento que se elabora tendrá que turnarse a la Sección Instructora, para que pase por todo el proceso de valoración y después va al Pleno de la Cámara de Diputados”, especificó.

Sostuvo que “la Cámara de Diputados ni siquiera es un órgano sancionador, simplemente acusador. Nosotros ponemos el balón, lo pateamos y quien decide si procede o no es la Cámara de Senadores”.

Comentó que no podía ser que la Comisión Instructora haya hecho su trabajo para analizar y desahogar las pruebas en el caso de desafuero de la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez López, presuntamente vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán, “y nosotros en la Subcomisión simplemente estemos con la ventanilla cerrada”.

El perredista Ortega Álvarez también hizo un llamado al PRI y a sus aliados a actuar en consecuencia, porque no basta con presentar el punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, “se requiere de voluntad y la dedicación de más actores para poder darle certeza a todos los mexicanos” en el combate a la impunidad.

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