Lecciones de la política de mariguana en Uruguay

Cualquier reforma a la política de drogas requiere un Estado que sea capaz de responder a sus consecuencias
25/07/2015
01:33
Francisco Mora y José Miguel Cruz
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En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la posesión, cultivo y distribución de mariguana. Este audaz paso abrió el debate sobre la reforma a la política de drogas en las Américas, alejándose del antiguo consenso con respecto a una política de drogas prohibicionista y acercándose a nuevas formas de abordar el "problema de las drogas"  en el hemisferio. Pero ¿está funcionando en sus supuestos objetivos de reducir la violencia, la ilegalidad y los riesgos de salud?

El año pasado, nosotros, el Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly Green de Florida International University, María Fernanda Boidi de Insights Research & Consulting y Rosario Queirolo de la Universidad Católica del Uruguay, hemos estado estudiando el impacto de la reforma a la ley de marihuana en Uruguay. Este proyecto (Iniciativa de Investigación sobre Mariguana en Latinoamérica-LAMRI, por sus siglas en inglés) examinó las actitudes y los comportamientos de los consumidores frecuentes de marihuana en Montevideo a través de entrevistas y encuestas.

Nuestros hallazgos han generado incluso más preguntas, las cuales podrían  contribuir a una reconsideración de la forma en que los gobiernos pueden reformar sus políticas de drogas.

La locura de la reforma

La gente ha equiparado los cambios en Uruguay con los que han ocurrido en varios estados de Estados Unidos, principalmente en Colorado y Washington. La verdad es que esta no es una comparación acertada.

Por un lado, la decisión de Uruguay de legalizar la producción y distribución de mariguana no se produjo de la misma manera en que ocurrió en los EE.UU. En es último ocurrió por demanda popular. En Uruguay, el curso de la legalización de la mariguana ha sido un proceso de arriba hacia abajo en la que el ex presidente José "Pepe" Mujica y el congreso uruguayo acordaron , aprobar una ley de regulación integral sobre la mariguana con escasa participación y apoyo del público. Por el contrario, en los Estados Unidos, los funcionarios estatales están intentando ponerse al día con las demandas y presiones desde abajo, mientras el gobierno federal se mantiene al margen, monitoreando con preocupación los reglamentos y las industrias que se están creando en Washington y Colorado.

Este contraste no debe ser subestimado por los legisladores que siguen el caso uruguayo, ya que muestra que la liberalización de la mariguana se puede lograr incluso cuando no hay un apoyo importante a la reforma de las políticas de las drogas entre la población en general. Las encuestas del Barómetro de las Américas  y de otross centros demuestran sistemáticamente que en 2014 más del 60 por ciento de los uruguayos se opuso a la ley de mariguana. El gobierno sostiene que la legalización ofrecía el mejor enfoque para hacer frente a los crecientes desafíos que plantea el aumento en los problemas de inseguridad y de salud generados por la expansión del tráfico de drogas en el Cono Sur. La mayoría de uruguayos que desaprobaban la medida expresó más indiferencia a la misma que una fuerte oposición.

En Uruguay, la ley de mariguana le otorga un importante papel regulador a las instituciones del estado con el fin de hacer frente a los posibles problemas de salud y de seguridad generados por el consumo de mariguana. También intenta  no gravar la mayoría de las actividades relacionadas con la mariguana para reducir los incentivos de una actividad comercial ilícita. En cambio, las iniciativas de legislación de Estados Unidos no tuvieron en cuenta los problemas de salud pública o de seguridad de los ciudadanos. El principal motor es el mercado, a pesar de que la comercialización de la mariguana está fuertemente gravada. En Uruguay, el estado tiene el control, mientras que en Estados Unidos la gente, y cada vez más el mercado, lidera el proceso.

El camino emprendido el gobierno uruguayo ha puesto a las instituciones del estado en el centro de una campaña de liberalización. En parte esto se debe a que, a diferencia de las reformas de Washington y Colorado, el fin de los esfuerzos de Uruguay era contener el crimen organizado y reducir las fuentes potenciales o percibidas de violencia e inseguridad. Aunque hubo un fuerte liderazgo político y altos niveles de coordinación, no hubo mucho estudio o debate de las posibles consecuencias secundarias, como el aumento en el uso. Este proceso de arriba hacia abajo ha demostrado tener sus propias limitaciones.

En nuestro estudio encontramos no solo un aumento del consumo entre los usuarios recurrentes, sino que también alrededor del 40 por ciento de ellos habían declarado que no estaban dispuestos a seguir las normas de la nueva ley, tales como el registro de consumidores. En otras palabras, el esfuerzo del estado para sacar a los usuarios de las sombras y cobijarlos con la ley aún no ha funcionado tal y como se esperaba.

También descubrimos que importantes segmentos de la sociedad uruguaya temen que la nueva ley no se capaz de reducir el crimenviolento ni prevenir los problemas de salud pública asociados con mayores niveles de consumo de mariguana. Todo lo contrario: la mayoría de los uruguayos cree que con la ley van a aumentar el consumo y el tráfico ilícito.

A pesar de las preocupaciones expresadas por los observadores y el público uruguayo, el gobierno del actual presidente Tabaré Vázquez parece estar avanzando con la implementación de la ley y se ha convertido en un posible modelo a seguir para otros gobiernos de la región. Sin lugar a dudas, Uruguay no es el típico país latinoamericano, ya que cuenta con instituciones más fuertes y una tradición más sólida de tolerancia política que la mayoría de los países de la región.  Por tanto, este nuevo enfoque tiene más probabilidades de éxito allí que, por ejemplo, en Guatemala, otro país donde los líderes políticos han sido muy directos acerca de la necesidad de reformar las políticas prohibicionistas, pero donde las instituciones siguen siendo muy débiles.

Sin embargo, si otros países latinoamericanos deciden implementar programas de legalización de drogas, obtendrían importantes beneficios de un análisis de las experiencias uruguayas y estadounidenses (y de entender claramente sus diferencias). Esas experiencias apuntan a la necesidad de desarrollar un modelo híbrido en el que la sociedad civil participe y dé su apoyo, proporcionando la legitimidad necesaria para dar forma y sostener la reforma de la política de drogas. De la misma manera, un liderazgo político decidido es clave para asegurar que los procesos políticos y de formulación de políticas se concentren tanto en la obtención de apoyo público como en la reducción de los riesgos para la población. Cualquier reforma a las políticas de drogas sin duda necesita un fuerte compromiso de la sociedad civil, pero también requiere un estado que sea capaz de responder a sus consecuencias.

Francisco Mora es el director y José Miguel Cruz es el director de Investigación del Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly Green, de Florida International University.

LatinAmericaGoesGlobal.org

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