Han revelado bienes 70% de funcionarios

El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, aseguró que a tres días de que venza el plazo para que los servidores públicos cumplan con la obligación de hacer su declaración de conflicto de interés y la patrimonial, 70% ya cumplió.

Se trata, dijo, de 206 mil servidores públicos que deben realizar con el requisito, para lo cual han contado con todo el mes de mayo y será el domingo próximo cuando termine el plazo para llevar a cabo el proceso.

“Se han entregado (declaraciones de interés) alrededor de 70%, debemos recordar que son 206 mil servidores públicos los obligados y la fecha límite es el próximo domingo, entonces, es razonable la manera como se está entregando la información a la autoridad”, dijo en entrevista luego de participar en un foro organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Por decreto presidencial y como una de las medidas de combate a la corrupción, esta será la primera vez que todos los servidores pertenecientes a cerca de 350 instituciones de la Administración Pública Federal, deberán presentar, además de la declaración patrimonial, una que responda a posibles conflictos de interés.

En el caso de ambas declaraciones, el funcionario público es quien decide si acepta que la información se haga pública o no.

Virgilio Andrade Martínez defendió que es la ley la que establece el hecho de que cada servidor público decida si su declaración será o no pública.

“De acuerdo a las normas vigentes, se ha establecido que cada servidor público determine si hace pública su declaración, pero es absolutamente obligatorio para los efectos que proceda de acuerdo al caso”, comentó.

La información es de carácter personal y en consecuencia es protegida, y cada servidor tiene la voluntad de establecer lo que se hace público.

El funcionario subrayó, sin embargo, que los expedientes de todos los servidores públicos se quedan en poder de la autoridad y de acuerdo con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción éstos se quedan abiertos para los siguientes siete años, en caso de ser necesario.

“Las declaraciones patrimoniales y las de conflictos de interés constituyen elementos de prueba para algún caso particular”, mencionó.

El 30 de abril, Andrade dijo a EL UNIVERSAL que la legislación actual no obliga a los funcionarios a publicitar su declaración patrimonial y, en consecuencia, tampoco ocurrirá con el tema de conflicto de intereses.

“Van a declarar quién fue el último vendedor de los inmuebles que posean los servidores públicos; a qué instituciones de carácter privado, sean empresas o incluso filantrópicas, pertenecen los servidores públicos en órganos directivos o en consejos de administración, cuál es la antigüedad que llevan y cuál es el giro, si es que es el caso de que pertenezcan a organizaciones de este tipo.