Reforma Penal, gran cambio para México

Colaboración especial
05/07/2015
02:25
María de los Ángeles Fromow
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La reforma estructural del sistema de justicia mexicano implica un serio y complicado proceso de implementación. Los retos que se afrontan con su puesta en operación deben ser asumidos con profesionalismo y responsabilidad. La reforma constitucional del 18 de junio de 2008 que estableció la trasformación de la justicia en México, tras 100 años de un Sistema Penal inquisitivo a uno Acusatorio y Adversarial, es uno de los ejemplos más claros de que, cuando algo ya no satisface las necesidades sociales, se debe impulsar un cambio para hacerlo encaminar al país al perfeccionamiento de sus instituciones en la búsqueda de un Estado de Derecho.

El reflejo de estos esfuerzos se ve en la cobertura actual que tiene el Sistema Procesal Penal acusatorio a nivel federal, estatal y municipal. Al inicio de 2013, se tenía una cobertura del 30.7%. En cambio, en esta administración se logró incrementar la cobertura al doble, es decir, 6 de cada 10 mexicanos tienen acceso al nuevo modelo de justicia.

Nos encontramos en el afianzamiento de esta ardua tarea que es la implementación, que sin duda es el reflejo de la suma de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión. Si bien es cierto se trata de una transformación institucional sin precedentes, también lo es que los resultados de esta reforma no se verán reflejados instantáneamente el 19 de junio de 2016, ya que toda implementación conlleva un proceso de consolidación que ayudarán a optimizar constantemente la procuración e impartición de justicia en México.

Por ello, a un año de que concluya el plazo para que el Sistema Procesal Penal Acusatorio opere en todo el país, se realizó el 18 y 19 de Junio el “Encuentro Internacional sobre la Reforma al Sistema de Justicia Penal: Experiencias Comparadas” con la finalidad de intercambiar historias de éxito con distintos países del continente americano que han vivido esta transición.

El avance conseguido es consecuencia de una política pública como lo apuntó el secretario de Gobernación al presidir el acto inaugural del referido encuentro, “la implementación es una realidad y no admite ni banderas ni ideologías, ésta es para servir a la gente y para construir un mejor país”.

Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

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