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EU señala a México de abusos en DH

Washington señala casos Tlatlaya y Ayotzinapa
El secretario de Estado, John Kerry, recomendó a los países que tengan este tipo de problemáticas cambiar la situación (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL)
26/06/2015
03:04
J. Jaime Hernández / Corresponsal
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WASHINGTON.— Militares y policías estuvieron implicados en serios abusos y graves violaciones a los derechos humanos en México, donde persiste la impunidad y la corrupción en la materia, aseguró el Departamento de Estado, en un informe anual en el que destacó la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero y la muerte de 22 personas en Tlatlaya, estado de México, donde se investiga la implicación de miembros del Ejército.

“Significativos problemas relacionados con los derechos humanos incluyeron la implicación militar y policial en graves abusos, como asesinatos, tortura, desapariciones y abusos físicos”, subraya el documento, en el apartado dedicado a México.

“La impunidad y la corrupción siguieron siendo un problema grave, especialmente a nivel estatal y municipal, en las fuerzas de seguridad y en el sector judicial”, advirtió el reporte 2014 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

“Grupos del crimen organizado continuaron perpetuando altos niveles de secuestro y violencia contra periodistas y otros actores, lo que limitó la libertad de expresión”, puntualizó el informe que sirve de guía al Congreso para autorizar ayuda a los gobiernos extranjeros.

“La impunidad en abusos de los derechos humanos sigue siendo un problema en todo el país, con muy bajas tasas de procesamiento judicial de todas las formas de delincuencia”, según el reporte que destacó que “no hubo información fácilmente asequible para el público ni sobre las investigaciones del gobierno sobre acusaciones relativas a derechos humanos”.

El documento advirtió que “organizaciones de la sociedad civil, Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportaron los siguientes problemas adicionales: las malas condiciones en las cárceles; arrestos y detenciones arbitrarios; amenazas y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas; abuso a migrantes; violencia doméstica; tráfico de personas; abuso a personas con discapacidad; discriminación social y económica de algunos miembros de la población indígena; amenazas contra personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) y explotación del trabajo infantil”.

Al presentar dicho reporte, el secretario estadounidense de Estado, John Kerry, pidió a los líderes políticos mirarlo con objetividad.“Mi consejo para cualquier líder que está molesto por estos hallazgos, es realmente examinarlos, observando las prácticas de su país y reconocer que la mejor forma de cambiar lo que piensa el mundo y la forma de evitar estos juicios es cambiar lo que está ocurriendo en sus propios países. Éste es un consejo que nos damos a nosotros mismos. Y no podríamos ser más humildes teniendo en cuenta el ambiente de revuelta y encono racial en Estados Unidos”, añadió.

El caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, se menciona en un apartado relativo a “asesinatos arbitrarios o ilegales”, en el que indica que a finales de 2014, el gobierno seguía su investigación y sólo había “identificado los restos de un estudiante.

En alusión a este caso señaló que “los grupos delictivos organizados también fueron responsables de numerosos asesinatos, a menudo actuando con absoluta impunidad y en alianza con las fuerzas de una autoridad local o estatal corruptas.

También destacó el incidente del 30 junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, estado de México, donde 22 civiles murieron en un presunto enfrentamiento con militares.

El Departamento de Estado reconoció que en las investigaciones para esclarecer estas dos tragedias, el gobierno de México aceptó en las pesquisas el acompañamiento de la CNDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El reporte reconoció el hecho de que autoridades mexicanas retiraron en julio de 2014 sus reservas al capítulo 9 de la Convención Interamericana para poner fin así al fuero militar en casos de desaparición forzada.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Oficina para Latinoamérica en Washington (WOLA, por sus siglas en inglés) lamentaron que el informe haya dejado fuera algunos elementos relacionados con el caso Tlatlaya y también haya ignorado las muchas dudas en el caso Ayotzinapa.

“El informe del Departamento de Estado es un buen reflejo del desolador panorama que existe hoy en México, y deja en evidencia la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el gobierno mexicano”, consideró José Miguel Vivanco, de la Organización Human Rights Watch (HRW) al valorar el reporte.

“Este diagnóstico debería ir acompañado de una política exterior de la administración de (Barack) Obama para ejercer presión sobre el gobierno de México para que adopte medidas concretas que sirvan, por ejemplo, las miles de desapariciones reconocidas por las propias autoridades mexicanas, los casos de ejecuciones extrajudiciales y torturas, y la impunidad en estos casos”, añadió.

Con información de EFE

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