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Quedan impunes casos de espionaje

Entre 2000 y 2012 hubo 46 denuncias ante la PGR por el delito de intervención telefónica; sólo una culminó en sentencia. Las sanciones van de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa
Jaqueline Peschard, le grabaron una plática con su hija en el año 2000
21/05/2015
05:10
Marcos Muedano y Jorge Ramos
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En 12 años sólo una de las 46 averiguaciones previas que inició la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de intervención telefónica culminó en sentencia.

Un documento del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR indica que entre los años 2000 y 2012, en cinco entidades del país se presentaron 46 denuncias por el delito de intervención telefónica sin autorización de un juez, que está previsto en el artículo 177 del Código Penal Federal.

El Distrito Federal con 29 casos, es la entidad donde más averiguaciones previas se iniciaron. Siguen Jalisco con nueve denuncias; Estado de México registra cinco expedientes; Quintana Roo, dos; mientras que en Tamaulipas sólo se denunció un caso durante este periodo.

Según los registros de la PGR, dos personas fueron detenidas y consignadas por la comisión de este ilícito, y en sólo uno de los casos, registrado en el estado de Tamaulipas, se dictó una sentencia contra la persona que realizó la intervención, aunque no se revelan detalles sobre su identidad.

El artículo 16 constitucional establece que las comunicaciones privadas son inviolables, y el Código Penal Federal menciona en el artículo 177 precisa que “las sanciones a quien lo haga van de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa”.

Práctica cotidiana. La intervención telefónica no es delito nuevo. Desde la década de los 90, políticos y funcionarios públicos han denunciado la intervención de sus llamadas telefónicas. En 1994 se filtró un audio entre José Córdoba Montoya, ex secretario particular del ex presidente Carlos Salinas, y Marcela Rosaura Bodenstedt, ex agente de la entonces Policía Judicial Federal.

El 2 de julio del 2000, la entonces consejera electoral Jaqueline Peschard fue grabada en una plática con su hija, y aunque a casi 15 años de distancia dice que presentó una denuncia, nunca se castigó a nadie.

—¿Hay impunidad?

—Pues sí. La impunidad y las autoridades que no son capaces —respondió Peschard en entrevista.

En 2006 fueron difundidas grabaciones telefónicas entre el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, que dio a conocer la relación entre ambos.

En el mismo año fueron difundidos audios en los que la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, pide apoyo político a diferentes gobernadores del país a favor del candidato presidencial del PAN Felipe Calderón.

La ex senadora Claudia Corichi también se vio envuelta en medio de la opinión pública al revelarse un audio en el que ofreció el apoyo de gente de Zacatecas al entonces candidato a gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

Josefina Vázquez Mota, ex candidata a la presidencia, denunció la filtración de una llamada telefónica en la que acusa a Genaro García Luna, ex secretario de la ex Secretaría de Seguridad Pública Federal, y Alejandra Sota, ex vocera de la Presidencia, de intervención telefónica.

A principios de 2012 se denunció espionaje en las oficinas del entonces diputado federal Guadalupe Acosta. “La Contraloría de la Cámara despidió a dos personas, pero la PGR no hizo nada. Como no hizo nada en el caso de Manlio Fabio Beltrones (quien denunció espionaje en su contra) porque son ellos (el gobierno) los que graban y, ahora en el caso de Lorenzo Córdova, sus aliados del PVEM”, dijo Acosta Naranjo ayer.

En mayo 2013, el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo alardea de su estilo de vida refinado y cosmopolita, según un audio.

La diputada federal del PRD Purificación Carpinteyro recordó ayer en entrevista telefónica que ella fue grabada en una plática justo antes de iniciar la discusión de la reforma de telecomunicaciones para sacarla del debate, el año pasado, pero no presentó denuncia porque dijo que la autoridad no actúa.

El pasado 6 de mayo circularon en redes sociales cinco grabaciones entre Apolinar Mena, titular de Comunicaciones del Edomex, y Pablo Wallentin, directivo de OHL México, donde se expone el supuesto fraude cometido al elevar el precio por usar el Viaducto Elevado Bicentenario, en la entidad.

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