El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, acordó con el movimiento social del estado una ley de amnistía, traer presos guerrerenses de otras entidades a su lugar natal, beneficios para plazas del magisterio y hasta los recursos económicos necesarios para construir un edificio de gestión para el Frente de Defensa Popular.

El gobierno estatal “abrió” los 41 acuerdos firmados por su administración con el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que agrupa a diversas organizaciones sociales que exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada desde el 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con la minuta, a la cual EL UNIVERSAL tuvo acceso, entre los acuerdos alcanzados destaca que el gobierno estatal se compromete a gestionar plazas para docentes de todo el estado, así como el pago de todas las plazas de naturaleza federal, así como regularizar la situación laboral de los maestros de Guerrero que así lo requieran.

Sobre los normalistas. “En el caso de los egresados de las normales públicas en la entidad, el estado se compromete a gestionar ante el gobierno federal los mecanismos que permitan su incorporación al sistema educativo”, de acuerdo con uno de los convenios.

Tras más de siete meses de movilizaciones en la entidad y en la ciudad de México, el MPG, que está formado por maestros disidentes de la Coordinadora Estatal Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), organizaciones sociales, transportistas y normalistas, llegaron a 41 acuerdos.

“En atención a las solicitudes específicas de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero y a petición de sus agremiados, el gobierno del estado se compromete a resolver satisfactoriamente las demandas referentes a la entrega de concesiones en todo el estado”, dice el punto 39.

Con las organizaciones sociales, el gobierno de Ortega acordó presentar ante el Congreso de la entidad una ley de amnistía en favor de los luchadores sociales, empero, mientras esto ocurre, se gestionarán “mecanismos” para que se permita el traslado de los presos políticos de penales federales a centros de readaptación social de Guerrero.

En los acuerdos con el magisterio disidente guerrerense se establece que ningún maestro con plaza federal o estatal podrá ser removido o cambiado —sin su consentimiento— de su centro de trabajo donde haya laborado hasta el 15 de marzo de 2014, garantizando su sueldo, sus derechos y prestaciones ya adquiridas.

En el caso de los egresados de las normales públicas en la entidad, el estado se compromete a gestionar ante el gobierno federal los mecanismos que permitan su incorporación al sistema educativo local.

“Reconociendo la marginación y el abandono en el que vive la entidad”, la Secretaría de Educación de Guerrero se compromete a incluir en la convocatoria de ingreso para las normales públicas, para los ciclos escolares de 2011 a 2015, que no haya límite de edad para el ingreso.

Así como establecer un promedio de 6.0 como mínimo para ingreso; que se respete la matrícula asignada a cada normal, crear comités de estudiantes de cada plantel quienes participaran como observadores durante el proceso de selección de ingreso. Los resultados serán públicos.

También el gobierno se responsabiliza a atender las demandas particulares de cada una de nueve las normales públicas del estado.

“La Secretaría de Educación de Guerrero se compromete a basificar las plazas administrativas que fueron otorgadas en septiembre de 2014 a los integrantes de la Unión de Normalistas Egresados del Estado de Guerrero (UNEEG)”, dice la minuta.

No hay fórmula mágica: Ortega. Por separado, el gobernador interino Rogelio Ortega dijo a EL UNIVERSAL que no hay “fórmula mágica, hay diálogo” con las organizaciones populares para buscar una solución a los problemas de la entidad.

El mandatario mencionó que ha sido sensible con todos los guerrerenses, “éste como otros acuerdos signados con liderazgos nos permiten contribuir a construir las condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso electoral del próximo 7 de junio, de una manera sólida y con paso firme”.

Rogelio Ortega dejó claro “que ninguno de los acuerdos signados representa compromisos oscuros o fuera de legalidad, como lo han sugerido”, todo “lo hemos hecho de manera transparente y el documento ha estado y está disponible para todo aquel que lo solicite”, dijo Rogelio Ortega.

En una comunicación oficial precisó que, a través del documento acordado con las organizaciones, el gobierno estatal se compromete a garantizar el pago de todas las plazas existentes de naturaleza federal, por lo que la administración de la entidad se ofrece para gestionar ante el Congreso de la Unión los recursos para cubrir el pago de dichas plazas, así como no cortar el pago de las plazas de carácter estatal.

“La firma de estos acuerdos representa un gran avance para el estado, pues da fe y testimonio que el diálogo, como estrategia interpuesta por el gobernador, es la mejor ruta para pactar con todos los actores y liderazgos políticos y sociales de Guerrero”, precisó Rogelio Ortega.

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