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Concentran 7 estados mandos reprobados

El Manual para la evaluación del desempeño del personal de las instituciones de Seguridad Pública indica que cuando un elemento reprueba las evaluaciones de confianza se le pide a la institución que considere retirarlo de sus funciones
15/04/2015
02:17
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Por Zorayda Gallegos y Silber Meza

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La mitad de los mandos policiacos que han reprobado los exámenes de control y confianza aplicados por el gobierno federal se concentran en siete estados del país, de acuerdo con información obtenida por este diario a través de la Ley de Transparencia.

Veracruz, Baja California Sur, Morelos, San Luis Potosí, Durango, Guerrero y Michoacán suman 81 servidores públicos que no aprobaron los exámenes patrimoniales y de entorno social; sicométricos y sicológicos, médico y toxicológico, así como la prueba del polígrafo, por lo que aparecen en la lista oficial de funcionarios no aptos para mantenerse en sus cargos.

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF) aplicaron estas pruebas a 703 servidores públicos de las áreas de seguridad y justicia del país durante los últimos cinco años. 156 resultaron reprobados.

En Veracruz, por ejemplo, 51 altos mandos han sido sometidos a estos exámenes y 16 reprobaron. En Morelos, 12 de 36 evaluados fueron calificados como “no aprobados”, mientras que en Durango una tercera parte de los examinados (10) tampoco pasaron las pruebas.

En Guerrero y Michoacán nueve de los mandos de cada uno de los estado fueron certificados como no aptos para sus cargos.

Baja California Sur, que atraviesa una seria crisis de seguridad, tiene 14 reprobados, mientras que San Luis Potosí presenta 11 no aptos, de 38 que se sometieron a las evaluaciones.

Expertos en el tema coinciden en señalar que no es una casualidad que donde hay más reprobados sea en entidades como Veracruz, donde la inseguridad y las agresiones a periodistas ha sido una constante; Guerrero y Michoacán, donde han surgido grupos de autodefensa ante la violencia generalizada, o Durango, que fue uno de los estados con más fosas clandestinas.

María Elena Morera, activista en temas de seguridad y justicia, vincula el hecho de que en los estados donde hay más altos mandos reprobados existan los mayores problemas de inseguridad. “Esos estados son los que tienen más problemas de seguridad, como Veracruz, Guerrero, Michoacán, y los mandos siguen trabajando, cuando no deberían de estar ahí. Si están involucrados [con delincuentes] deberían estar en la cárcel”, afirma.

La presidenta de Causa en Común considera preocupante que en estados como Veracruz, de donde continuamente se reciben reportes de plagios y homicidios, el gobernador Javier Duarte siga minimizando el problema. “Todos los días pasa algo, y como además ahí están vetados los periodistas, nadie dice nada; y el gobernador no hace nada y sigue diciendo que ahí sólo se roban pingüinos y frutsis”, agrega la activista.

Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM en temas de seguridad, coincide con Morera en que hay una correlación entre mandos que no pasaron los exámenes y los problemas de inseguridad. “Donde hay más mandos reprobados hay más inseguridad, entonces es una información valiosísima porque corrobora que los gobernantes son irresponsables y que en realidad no quieren mejorar la condición de seguridad de sus estados”, afirma.

Chuy Toño, un caso paradigmático

La tarde del 11 de septiembre de 2004, Rodolfo Carrillo Fuentes, alias el El Niño de Oro, su esposa y sus hijos se disponían a subirse a su automóvil estacionado en la plaza Cinépolis de Culiacán cuando fueron atacados por un grupo de hombres armados.

Pedro Pérez, jefe de escoltas del integrante del cártel de Juárez y en ese entonces comandante con licencia de la Policía Ministerial, resultó herido y comenzó a pedir ayuda por su radio modelo Matra. Inmediatamente llegaron elementos de todas las corporaciones policiacas.

Tras este hecho quedó al descubierto que el cuerpo de seguridad del hermano de El Señor de los Cielos, además de estar comandado por Pedro Pérez, estaba compuesto por otros policías ministeriales, en ese entonces corporación a cargo de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez.

Tras el crimen, la otrora SIEDO reveló que investigaba a Aguilar Íñiguez por sus presuntos vínculos con los hermanos Carrillo Fuentes, líderes del cártel de Juárez.

Este funcionario, conocido como Chuy Toño, es un personaje duramente criticado en Sinaloa: en julio de 2004 la Contraloría Interna de la Procuraduría Estatal le abrió una investigación por enriquecimiento ilícito, al darse a conocer que poseía dos residencias que no correspondían con su sueldo.

Luego, el 14 de octubre de 2004, elementos de la SIEDO le catearon dos casas en Mazatlán. Además, giraron órdenes de aprehensión contra él y su esposa por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fomento al narcotráfico.

El 28 de mayo de 2010, la PGR publicó un acuerdo donde ofrecía 5 millones de pesos a quien proporcionara información útil para lograr la captura de Jesús Antonio, su esposa y otros presuntos delincuentes. Tiempo después Chuy Toño dijo que todo había sido un error administrativo.

Actualmente Aguilar Íñiguez es director de la Policía Ministerial de Sinaloa y es uno de los altos mandos que no aprobaron los exámenes de control y de confianza. En abril de 2011 Aguilar realizó las pruebas en el centro de evaluación de la PGR, reprobándolas.

Pese a ello, el 5 de julio de 2011 fue nombrado titular de la Policía Ministerial. En entrevista con el periódico Noroeste aseguró que quedó absuelto de los cargos que le fincó la PGR: “Mediante el amparo me defendí, aporté todas las pruebas... y así fue como demostré que no tengo nada que ver con cosas ilícitas”.

Reprueban… Y les va mejor

Pero Aguilar Íñiguez no es el único titular de las policías reprobado. Miguel Ángel Rodríguez Sánchez, quien fue director de la Policía Investigadora de Coahuila, tampoco pasó las pruebas. Fue evaluado dos veces en 2011, reprobó y siguió en el cargo. Poco más de un año después se le evaluó otra vez y pasó los exámenes.

Antes de llegar a la Policía Estatal Investigadora había trabajado en la Secretaría de Seguridad Pública federal, en la ciudad de México. Dentro de sus datos curriculares que llenó como servidor público federal informó que su grado máximo de estudios era secundaria.

De abril de 2002 a abril de 2007, Rodríguez Sánchez trabajó como cabo del Octavo Batallón de la Policía Militar en la Secretaría de la Defensa Nacional. Dejó el cargo de director en la Policía Estatal de Coahuila a principios de este año.

Ricardo Ariel Vera Lira, actual delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Jalisco, es otro que se suma a la lista de altos mandos reprobados. De 2011 a 2013 fue director de la Policía Estatal de Puebla, cargo en el que se sometió a dos evaluaciones —febrero y mayo de 2012— que reprobó.

Dejó su puesto en la Secretaría de Seguridad Pública a principios de 2013 e inmediatamente fue nombrado delegado del INM.

Jaime Mateos Sánchez fue director de la Policía Ministerial en Morelos y renunció en marzo de 2006, un mes después de haber obtenido resultados reprobatorios en sus pruebas.

El 2 de noviembre de 2009 fue nombrado secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Jiutepec, Morelos, y el 19 de febrero de 2014 ese mismo Ayuntamiento le otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada.

Armando González Serrano fue director de la Policía Investigadora de Coahuila de agosto de 2010 a junio de 2012. Previamente se había desempeñado como subdirector de la Policía Municipal de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México.

El examen de control y de confianza lo realizó en abril de 2012 y no lo pasó. Después de que renunció a su cargo en Coahuila, en 2013 estuvo trabajando en la Profeco como jefe de Verificación y Vigilancia en Tlalnepantla.

En Sonora, Manuel Ángel Barrios Macario, quien llegó al cargo de director de la Policía Estatal Investigadora (PEI) desde diciembre de 2008, en la pasada administración del priísta Eduardo Bours, reprobó los exámenes en 2011, en el Centro de Evaluación de la Policía Federal.

El resultado que obtuvo fue “no recomendable”, al lograr apenas un puntaje de 0 a 3.99 puntos, en una escala del cero al 10, lo que significa que “no cumple los requisitos mínimos del puesto, lo que incide en el cumplimiento parcial de objetivos y programa de trabajo”.

De acuerdo con el Manual para la evaluación del desempeño del personal de las instituciones de Seguridad Pública, de la Segob, cuando se obtiene este puntaje es porque se concluye que el servidor no desempeña sus funciones en apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Pese a este resultado, el mando policiaco siguió en su cargo. Después de más de tres años de haber obtenido esa calificación, en agosto de 2014 se sometió a una nueva evaluación, esta vez en el Centro de Evaluación de la PGR, donde aprobó el examen.

El pasado primero de diciembre, después de haber durado casi toda la administración del panista Guillermo Padrés en la Policía Investigadora, Barrios Macario dejó el cargo por jubilación —tras 30 años de servicio— en una ceremonia donde fue elogiado por el procurador estatal Carlos Navarro.

Depurar como necesidad

Estas evaluaciones tienen su origen en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que firmaron en Palacio Nacional el 21 de agosto de 2008 el entonces presidente Felipe Calderón, organizaciones sociales, gobernadores y legisladores.

En el acuerdo se establecía la necesidad de depurar las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Esta propuesta se concretó el 3 de enero de 2009, cuando entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establecía un plazo de cuatro años para que todos los integrantes de las corporaciones de seguridad fueran evaluados. Después de varias prórrogas, el pasado primero de noviembre venció el plazo para la certificación policial.

Según el Secretariado, de enero de 2010 a octubre de 2014, como parte de la depuración que realizaron los estados y la Federación, se habían reportado más de 46 mil bajas laborales del personal reprobado en las evaluaciones.

Tras informar que los estados siguen esforzándose para lograr la depuración total del personal que no obtuvo su certificación, el Secretariado Ejecutivo destacó que las evaluaciones continuarán para “fortalecer las instituciones”.

¿Qué es un alto mando?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad y la PGR, se consideran altos mandos a los secretarios de Gobierno, cuya función esté directamente relacionada con la seguridad pública, así como los titulares de las Policías Ministeriales, preventivas e investigadoras.

También, los procuradores, subprocuradores, fiscales o equivalentes, los secretarios ejecutivos de consejos estatales, los secretarios de Seguridad Pública y subsecretarios, los titulares de centros de evaluación y confianza de los estados, así como los titulares de las unidades especializadas de combate al secuestro.

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