El presidente brasileño, Michel Temer, se libró ayer del juicio penal que amenazaba su mandato con la fuerza que conserva su menguada base política, que se impuso en la Cámara baja para archivar los cargos de corrupción que formuló la fiscalía.

En total, 263 diputados votaron a favor de Temer, frente a los 227 de la oposición, que precisaba una mayoría de dos tercios (342) para darle curso a la denuncia por corrupción y autorizar al Tribunal Supremo a suspender a Temer por 180 días para juzgarlo. El mandatario dijo que la decisión “soberana del Parlamento” es “incontestable”.

La maratónica jornada estuvo marcada por virulentos ataques entre las bancadas oficialistas y las de la oposición. Varios diputados gritaron consignas de “Fora Temer” (Fuera Temer) al emitir su voto en el hemiciclo. Una derrota del mandatario era poco probable.

Hubo empujones cuando diputados opositores arrancaron a partidarios de Temer muñecos con la imagen del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) vestido de presidiario. El ex líder sindical fue condenado a casi 10 años de cárcel por corrupción pasiva en el marco del escándalo Petrobras, pero apela la sentencia en libertad. La votación en el Congreso era vista como el último escollo para que el líder conservador consiga mantener el mandato que heredó el año pasado tras la destitución de su predecesora, su ex aliada política Dilma Rousseff, y que finaliza el 31 de diciembre de 2018.

El gobierno de Temer está arrinconado desde que salió a la luz el escándalo de corrupción en mayo, cuando se dio a conocer una denuncia del empresario Joesley Batista, dueño del gigante del sector de la carne JBS y quien entregó a la Justicia un audio grabado a escondidas de una conversación suya con Temer, en la que el presidente parece avalar el pago de coimas a políticos.

En junio, la fiscalía denunció formalmente al mandatario por corrupción pasiva, lavado de activos y asociación criminal. Al tratarse de un jefe de Estado, el Congreso tenía que levantar la inmunidad de Temer para que éste pueda ser juzgado.

En junio, el Tribunal Superior Electoral había evitado ya la anulación del mandato presidencial. Aunque no estaba vinculado con la denuncia de corrupción, el juicio por supuestas irregularidades en la elección de Temer en 2014 (entonces como vicepresidente de Rousseff) era vista como una posible salida a la grave crisis institucional.

El caso de Temer se enmarca en la megacausa Lava Jato, que desató una ola de escándalos en torno a casi toda la clase política brasileña hace tres años. La Justicia acusa a decenas de políticos de haber aceptado sobornos de empresas interesadas en hacer negocios con la petrolera estatal Petrobras.

El dominio de Temer en el Congreso contrasta con su popularidad de 5%, la peor desde el retorno de la democracia en 1985, según un sondeo Ibope. Un 81% de los brasileños apoya que el mandatario sea juzgado, de acuerdo con el mismo instituto.

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