El Salvador paga deuda de guerra por masacre, pero violencia sigue sin control

El gobierno pidió perdón por una matanza ejecutada por tropas de las fuerzas armadas en 1981, pero los salvadoreños siguen atrapados en un panorama de muerte e inseguridad
En un acto realizado ayer, el gobierno de El Salvador pidió perdón por la matanza de 40 personas en 1981. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador
26/07/2017
11:01
José Meléndez, corresponsal
San José.-
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El Salvador pagó ayer una de las deudas pendientes de la guerra civil que sufrió de 1980 a 1992, pero estremecido por una realidad de constante crisis por más de 20 años de mortal, sangrienta y desenfrenada violencia callejera por los enfrentamientos y las disputas entre maras o pandillas, redes del narcotráfico y de otras modalidades del crimen organizado, policías y militares.

Los 12 años de una guerra que devastó a El Salvador dejaron un saldo que oscila entre 75 mil y 80 mil muertos y aunque la paz se firmó en 1992 en México, la inseguridad se agravó en las épocas inmediatas posteriores ya sin conflicto armado y, de acuerdo con cifras del Instituto de Medicina Legal de ese que es el país más pequeño de Centroamérica, el número de homicidios ya superó los 58 mil de 1999 a 2016, sin contar los datos parciales de 2017 que están pendientes de reconfirmación.

“La situación es bastante difícil, alarmante y preocupante por el índice de violencia en El Salvador”, dijo el salvadoreño Miguel Montenegro, director ejecutivo de la (no estatal) Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. “La población honesta salvadoreña está sometida a un nivel de miedo, de terror del cual estamos viviendo en muchas de las colonias en los barrios más pobres y en las zonas rurales del país”, añadió, en una entrevista con EL UNIVERSAL.

En este contexto, el gobierno de El Salvador, del ex guerrillero e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pidió ayer perdón al pueblo salvadoreño por una masacre ejecutada por fuerzas militares derechistas el 25 de julio de 1981, en el inicio del conflicto bélico, con saldo de 40 muertos en el poblado de San Francisco Angulo, en el municipio de Tecoluca del central departamento de San Vicente.

“Pido perdón a cada una de las familias que perdió uno o más familiares durante estos tristes hechos, a aquellos que han sufrido por la falta de sus seres queridos, a todas estas familias inocentes que merecen nuestro respeto y nuestra más profunda solidaridad”, dijo el ministro salvadoreño de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, en un acto público en San Francisco Angulo al que acudieron parientes de las víctimas y pobladores.

“Sabemos que enfrentar y asumir los hechos ocurridos, dignificando a las víctimas, es parte necesaria de la reconciliación de nuestra sociedad, y por eso hemos reconocido ya la responsabilidad estatal en otros casos de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno, con acciones específicas para reparar de alguna manera y reconocer la memoria de las víctimas y a sus familias”, afirmó.

Desde que el FMLN ganó la presidencia en 2009 y desalojó del poder a la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), su acérrimo enemigo partidista durante la guerra civil que gobernó desde 1989, el gobierno realizó varios actos de pedidos de perdón y de reconciliación por otras masacres en las que el Estado salvadoreño (por medio de sus fuerzas armadas) fue encontrado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenado a medidas de indemnización.

“Desde el gobierno, en los últimos ocho años hemos estado convencidos de que no podemos mirar hacia el futuro simplemente ignorando y dando la espalda a nuestro pasado”, advirtió el canciller salvadoreño.

Moral. En lo que catalogó como “un acto profundamente significativo”, Martínez afirmó que “podemos decir que lo es aún más porque responde a una obligación moral asumida por el Estado y no a una sentencia dictada por una Corte”.

La estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador recomendó el 26 de julio de 2016 efectuar esa actividad de reconocimiento de responsabilidad estatal por estos hechos “y de dignificación a las víctimas”, recordó.

Entre las medidas adoptadas, explicó, están la creación en 2014 del Comité Técnico del Consejo Directivo del Registro de Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, los programas de acceso a salud, educación y seguridad alimentaria, con mecanismos compensatorios y de dignificación, reconocimiento de la verdad de los hechos y “las orientadas a garantizar que estos crímenes no se repitan”, subrayó.

Sin embargo, el escenario de violencia continúa siendo una constante en El Salvador. “Al comparar el conflicto armado con los años recientes, desde 1999 a la actualidad, las situaciones han sobrepasado los límites de violencia”, sentenció Montenegro, al recordar que ese factor estimula dos fenómenos esenciales en El Salvador: el éxodo masivo de salvadoreños al exterior y el desplazamiento interno de población obligada a migrar por la inseguridad.

 

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