Luego de encabezar durante décadas el debate sobre políticas alternativas a la guerra contra las drogas, Europa ha delegado esa responsabilidad a las Américas.

Incluso países progresistas como Holanda y Portugal, y ciudades como Copenhague y Barcelona, se están quedando atrás en comparación con Uruguay y algunos estados de la Unión Americana, particularmente en relación con la ca-nnabis, la sustancia ilícita preferida entre los consumidores europeos.

De acuerdo con el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 87.7 millones de adultos del continente, de entre 15 y 64 años, la han consumido a lo largo de la vida. La sustancia es además responsable de tres cuartas partes de los delitos relacionados con las sustancias ilegales, y su cuota en el mercado clandestino europeo es la mayor en términos de valor.

La instancia, con sede en Lisboa, estima que los productos de la cannabis concentran alrededor de 38% del mercado minorista de drogas ilegales en Europa, estimado entre los 8 mil 400 millones y los 12 mil 900 millones de euros. En 2015 fueron incautadas en la Unión Europea 404 toneladas de yerba de cannabis, 288 de resina y 19 toneladas de planta.

A pesar de los desafíos que plantea la yerba, cuyo consumo va en aumento, particularmente en países como Irlanda, Finlandia, Suecia, Francia, Alemania y Dinamarca, los gobiernos europeos se han resistido a cambiar drásticamente la estrategia, la cual, al paso de los años, se ha centrado en dejar de criminalizar al usuario y tratar de disminuir los daños a través de la intervención de los cuerpos policiales y aduanales, y un buen acceso a los servicios de tratamiento y prevención.

Haciendo a un lado el particular caso holandés, que en la década de los 70 despenalizó a través de los famosos coffeeshops el consumo y venta de cannabis, mas no la producción; desde el año 2000 la tendencia general en Europa ha sido disminuir las penas por consumo y posesión para uso personal, “pero por lo general ha sido para todas las drogas y no sólo centrándose en la cannabis”, dice a EL UNIVERSAL Brendan Hughes, experto en legislaciones nacionales sobre drogas del OEDT.

En la mayoría de los países europeos el uso de la cannabis se ha convertido en una mera falta administrativa. Algunos han ido más lejos eliminando la pena de prisión por posesión para uso personal, como es el caso de Bulgaria, Croacia, República Checa, Italia, Malta, Eslovenia, España, Bélgica, Irlanda y Luxemburgo.

De los 28 socios de la UE, sólo Chipre, Francia, Finlandia, Grecia, Hungría y Suecia, siguen considerando su consumo como una ofensa seria que puede llevar a prisión.

“También ha ido creciendo el apoyo para su uso con fines médicos”, continúa el experto.

En la República Checa, Italia, Hungría, Alemania y Croacia los pacientes ya pueden acceder a la yerba bajo prescripción médica, mientras que hay una actitud cada vez más favorable al aprovechamiento farmacéutico de esta planta en Portugal, Irlanda y Dinamarca.

“En donde no ha habido cambio alguno es respecto al uso recreativo. Ningún gobierno de la Unión Europea ha manifestado su apoyo por un cambio en la legislación”, indica.

“Poniéndolo de una manera muy simplista, esto se debe a que ni la ciudadanía ni el gobierno han ejercido presión para un cambio de legislación sobre la cannabis (…) si la gente no lo demanda, y el gobierno no quiere, ¿por qué cambiar la ley?”, destaca.

Hughes recuerda que en los casos de las entidades estadounidenses, los cambios legislativos han iniciado con el voto vinculante y mayoritario de los ciudadanos; y en el marco de un debate que hace énfasis en el tema de la recaudación fiscal y la necesidad de restarle carga al sistema penal.

En Europa, las aisladas propuestas de cambio han venido de fuerzas políticas minoritarias, pequeños grupos sociales y algunas ciudades y regiones experimentales, como Copenhague, Berlín, Barcelona y Navarra. El enfoque ha sido la protección de la salud de los usuarios.

“¿Cuánto tiempo podrá Europa permanecer estática? Eso dependerá de los votantes y los políticos. Pero no pienso que pueda permanecer así por siempre”, indica el investigador.

Las primeras señales comienzan a emerger. Hughes afirma que tras décadas de olvido, finalmente el Parlamento holandés discute una iniciativa que pondría fin a la absurda situación en la que los coffeeshops tienen permiso para vender cannabis, pero no para surtirse.

En Italia más de 200 diputados se han sumado a una iniciativa de ley favorable a la apertura de tiendas especializadas, mientras que en Malta, tras las elecciones del pasado 3 de junio, los tres principales partidos políticos se han comprometido a discutir seriamente la cuestión.

“Estamos comenzando a ver movimientos a nivel político y, si bien son pequeños, son significativos”, señala el experto.

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