Retoman proceso que puede tirar al presidente de Brasil

El Tribunal Superior Electoral de Brasil retomó ayer el proceso que decidirá si la campaña que Dilma Rousseff y Michel Temer compartieron en 2014 fue financiada con dinero de la corrupción, lo que pudiera sacar del poder al actual mandatario.

El presidente de la corte, Gilmar Mendes, declaró abierta la primera de las audiencias reservadas para este caso, que por primera vez en los 85 años este tribunal sienta en el banquillo a los dos miembros de una fórmula elegida en unos comicios presidenciales.

El relator del caso, Herman Benjamin, expuso en un resumen de 24 páginas los fundamentos de las denuncias, que incluyen el “uso indebido de medios de comunicación” y la entrega de sumas “millonarias” a través de Petrobras.

“Hubo claras ilegalidades en la financiación”, pero también “hubo fraudes hasta en la divulgación de datos falsos”, dijo el abogado Flavio Henrique Costa.

El juicio inició en pasado abril pero fue suspendido para escuchar a nuevos testigos, y ha sido retomado en medio de una gravísima crisis que se cierne sobre Temer, también investigado en la Corte Suprema por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.

La corte ha reservado esta semana para el análisis de este caso y debería concluir el jueves, pero el proceso pudiera ser suspendido en cualquier momento si uno de los siete miembros del tribunal solicita más tiempo para estudiar los cargos, lo que postergaría la sentencia por un plazo indefinido.

El caso está catalogado como Acción de Investigación Judicial Electoral y se refiere a unas supuestas “donaciones” que recibió la campaña de Rousseff y Temer de empresas implicadas en los escándalos de corrupción destapados en la estatal Petrobras.

Las defensas de Rousseff y Temer, antagonistas irreconciliables desde la destitución de la primera, actúan por separado y han pedido la anulación del juicio por supuesta falta de pruebas.

Los abogados de Temer también demandan que las cuentas de las campañas de ambos sean juzgadas en forma separada, pues alegan que cada uno se ocupó de su propia recaudación y que en el caso del actual mandatario no hubo fraudes.

Las elecciones de 2014 llevaron a Rousseff a la presidencia y a Temer a la vicepresidencia. Sin embargo, la mandataria fue destituida por irregularidades fiscales en agosto pasado.

Si hubiera una sentencia condenatoria, Temer permanecería en el poder hasta que sean juzgadas todas las apelaciones previstas en la ley, que comienzan en la corte electoral y acaban en el Tribunal Supremo, el cual tendría la última palabra.

En caso de que todas las apelaciones que pueda presentar Temer sean rechazadas, perdería el cargo y el Congreso debería elegir a su sucesor en un plazo de 30 días, mediante una elección parlamentaria indirecta.

Si así fuera, sería la primera vez en la historia brasileña que dos mandatario habrían sido desalojados del poder durante un mismo periodo.

En tanto, la Corte Suprema dio al presidente Temer hasta el viernes para responder las preguntas de la policía federal sobre las sospechas de corrupción en su contra. El cuestionario, enviado por escrito y que Temer puede responder de la misma manera, consta de 84 preguntas y le fue remitido el lunes. Los abogados indicaron que responder preguntas “es una tarea más compleja que elaborarlas”.