Cargo de Maduro, en manos de la Constituyente

El abogado constitucionalista Hermann Escarrá, miembro de la comisión presidencial para el cambio de Constitución, aseguró ayer a EFE que el presidente Nicolás Maduro pondrá su cargo a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que será elegida el 30 de julio. Mientras que la fiscal general Luisa Ortega insistió en que el pueblo tiene derecho a ser consultado sobre el tema.

“Tengo noticias de que el presidente Nicolás Maduro pondrá su cargo a la orden”, dijo Escarrá, para luego explicar que la ANC podrá confirmarlo en el puesto, así como a los gobernadores y alcaldes que emulen la decisión del mandatario.

El abogado recordó que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) también relegitimó los poderes presidenciales ante la Asamblea Constituyente, que redactó la actual Carta Magna en 1999.

Sin embargo, aclaró que esto no es obligatorio sino, por el contrario, “un acto litúrgico” de reconocimiento al poder extraordinario de la ANC.

Explicó que desde el oficialismo se estima que la Asamblea discuta durante 12 meses el nuevo ordenamiento jurídico, por lo que este se estaría sancionando para agosto de 2018 y, según exhortó el Ejecutivo, sería posteriormente sometido a un referéndum.

Subrayó que las elecciones presidenciales están previstas para diciembre de 2018 y que estas no podrán ser cambiadas de fecha por mandato constitucional.

Escarrá consideró también que una vez instalada la Asamblea, a principios de agosto, “será difícil los primeros días” debido a que deberá funcionar bajo el estatuto que rigió el proceso en 1999 hasta que surja un nuevo esquema de trabajo.

En tanto, la fiscal general Luisa Ortega reiteró ayer que el pueblo tiene derecho a ser consultado sobre la Asamblea Constituyente.

“Tenemos el derecho a ser consultados y más en temas que son de trascendencia para el país”, dijo Ortega en una reunión en la que recibió el apoyo de trabajadores del Ministerio Público. Ortega calificó de ilegal la convocatoria tal como lo hizo Maduro y reiteró que debe ser consultada con el pueblo mediante el voto, para que decida si quiere o no su activación.

La convocatoria de la Constituyente no fue sometida a consulta popular, contrario a la de 1999 propuesta por Chávez. Maduro activó el proceso como un mecanismo para acabar con las protestas contra su gobierno y posiblemente disolver la Asamblea Nacional (Congreso), que está bajo control de la oposición.

Los miembros de la oposición creen que de instalarse, la Constituyente podría además suspender las futuras elecciones presidenciales de 2018.

Los trabajadores de la fiscalía se reunieron en la sede del Ministerio Público para expresar apoyo a Ortega, quien ha sido acusada por el gobierno de “traidora” y ahora enfrenta una solicitud de enjuiciamiento que hizo el oficialismo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Mientras que el día 80 de protestas dejó ayer un muerto y al menos 48 heridos, lo que eleva a 75 la cifra de fallecidos. La marcha opositora convocada llamada “Toma de Caracas” concentró a venezolanos contra la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, la Guardia Nacional, así como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se encargaron de reprimir la marcha con gases lacrimógenos, cisternas de agua antidisturbios y perdigones. El joven que falleció tenía 17 años y de acuerdo con la fiscalía, recibió una herida de bala durante la manifestación.