Argentina: se oponen a bajar pena a represores

Buscan frenar fallo de la Corte Suprema que reduce los años de cárcel a los criminales de la dictadura
Protestas. El 4 de mayo, la asociación Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se manifestaron en contra del fallo conocido como 2x1 (MARTÍN ZABALA. XINHUA)
09/05/2017
03:17
Buenos Aires
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Oposición y oficialismo en Argentina impulsan acciones para frenar mediante ley o juicio político un polémico fallo de la Corte Suprema que reduce las condenas a los acusados de crímenes cometidos durante la dictadura en ese país (1976-1983).

El miércoles pasado el Tribunal Supremo dictaminó por tres votos a favor y dos en contra beneficiar con una reducción de pena a un represor condenado por secuestro y tortura de opositores durante la dictadura.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, uno de los hombres cercanos al presidente Mauricio Macri, afirmó que “la ley del 2x1 fue nefasta” para el país.

El fallo del Supremo “reabre más heridas que lo que pueda reconciliar”, dijo Pinedo, al proponer un proyecto de ley que excluya de todo beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad.

Organismos de derechos humanos alertaron que el fallo abre las puertas para que soliciten el mismo beneficio cientos de condenados y otros tantos que están siendo juzgados por estos crímenes.

En medio del fuerte rechazo social al fallo, la organización Madres y Abuelas de Plaza de Mayo convocaron para mañana a una marcha de repudio a la medida. Estas activistas impulsaron una petición de juicio político contra los tres magistrados que votaron la decisión. También se denunció por prevaricato, al entender que dictaron una resolución arbitraria e injusta.

El gobierno, a través del jefe de gabinete, Marcos Peña, repudió el fin de semana la decisión de la Corte, que considera “un símbolo de la impunidad en Argentina”. Macri se mantuvo en silencio.

El Tribunal decidió aplicar la semana pasada el llamado “2x1“, al ex agente paramilitar Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión, porque estuvo en la cárcel poco más de nueve años por su participación en el secuestro y tortura de cinco personas en 1976. Varios fiscales pidieron declarar la inconstitucionalidad del “2x1” y jueces han rechazado peticiones de condenados para aplicar el mismo criterio tras el fallo de la Corte. 

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