El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dio luz verde ayer para que el presidente Michel Temer sea interrogado en el marco de las investigaciones por corrupción en su contra.

Edson Fachin, el relator de la operación Lava Jato en el alto tribunal, ordenó que el interrogatorio “sea recogido por escrito” y dijo que Temer tendrá 24 horas para responder a las preguntas formuladas por la policía federal, según un comunicado del STF.

Fachin está a cargo de las investigaciones contra Temer y su ex asesor, el diputado suspendido Rodrigo Rocha Loures, derivadas de la delación premiada de ejecutivos de la mayor empresa cárnica del mundo, JBS.

El mandatario se encuentra en ojo del huracán desde que hace dos semanas salió a la luz una grabación hecha por uno de los dueños de JBS, Joesley Batista, en la que Temer parece dar aval al pago de un soborno.

Batista dijo también a la justicia que Rocha Loures fue designado directamente por el presidente para recibir sobornos a cambio de favores a la empresa y el entonces diputado fue filmado cuando recibía una maleta con lo que sería un primer pago de 500 mil reales (unos 153 mil 400 dólares). La fiscalía general acusa a Temer de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal.

Negándose a dimitir, el mandatario lucha por su supervivencia política a un año de haber asumido el poder tras la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff, de quien era vicepresidente. Ayer mismo, durante un foro de inversiones, Temer declaró que permanecerá en el cargo hasta que culmine su mandato, en 2018.

En tanto, su base aliada se erosiona y en las calles miles piden elecciones “Directas ya”, al presidente se le acumulan los pedidos de impeachment (destitución) en el Congreso, que ya discute a puerta cerrada una eventual sucesión. Muchos legisladores creen que el Tribunal Superior Electoral (TSE) puede asestar un golpe letal a Temer en otro caso, con un juicio que inicia el próximo 6 de junio, que podría derivar en la anulación de su mandato presidencial. El TSE juzgará si hubo irregularidades en el financiamiento de la campaña de 2014 en la que resultó reelegida la fórmula Rousseff-Temer.

El juicio está previsto que dure tres días, pero podría alargarse si alguno de los magistrados del TSE pide parar el proceso para revisar el expediente. Si Temer perdiera su cargo, la Constitución prevé que el Congreso debe elegir a un nuevo presidente para terminar el mandato hasta finales de 2018.

Por lo pronto, el gobierno presentó oficialmente su pedido de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según informó el portavoz del gobierno, Alexandre Parola, quien explicó que la solicitud de adhesión “sigue la exitosa ejecución del programa de trabajo que resultó del Acuerdo de Cooperación firmado entre Brasil y la OCDE en 2015”.

El pedido de Brasil será evaluado por el consejo de la OCDE, considerado como el club de los países ricos, pero su análisis puede extenderse durante años.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses