Mantienen protestas contra demolición de viviendas de la época soviética

En la manifestación se podían ver numerosas pancartas con la dirección de los edificios cuyos inquilinos se niegan a que sus hogares sean derribados, aunque las casas que les ofrezca el Ayuntamiento sean más grandes y modernas
28/05/2017
09:49
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Miles de personas participaron hoy en Moscú en la segunda jornada de protestas contra la ley de demolición de viviendas de la época soviética, a la que se han sumado las fuerzas de la oposición rusa.

"¡Sobianin, dimisión!", rezaba la pancarta que abría la marcha, en referencia al alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, estrecho colaborador del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Al término de la marcha, que transcurrió en el sur de Moscú, tuvo lugar un mitin contra la política inmobiliaria del Ayuntamiento de la ciudad, que está acusado de rendirse a los intereses de las constructoras.

En la manifestación se podían ver numerosas pancartas con la dirección de los edificios cuyos inquilinos se niegan a que sus hogares sean derribados, aunque las casas que les ofrezca el Ayuntamiento sean más grandes y modernas.

"Deportación" es como los detractores del programa llaman al programa de "renovación" de la vivienda, que incluye la demolición de cerca de 5.000 casas.

En el mitin convocado ayer por la oposición y varias organizaciones cívicas también se pidió insistentemente la dimisión de Sobianin, quien suena desde hace años como futuro primer ministro.

Ésta ha sido la tercera concentración masiva en protesta contra dicha ley desde la que congregó el pasado 14 de mayo a cerca de 30.000 personas.

Según el plan, el Ayuntamiento se propone derribar las casas prefabricadas de cinco plantas o "jruschovski", ya que fueron en su mayoría construidas en tiempos del líder soviético, Nikita Jruschov (1953-1964), para hacer frente al "boom" demográfico de la posguerra.

Muchas de las casas incluidas en la lista de demolición no están en estado ruinoso, como asegura el Ayuntamiento, ya que son de ladrillo y aún se encuentran en buen estado y sus propietarios no quieren abandonarlas, ya que están junto a zonas verdes o céntricas.

Pese a las enmiendas y garantías introducidas a la ley y la decisión de adelantar a principios de junio el debate parlamentario, muchos moscovitas siguen acusando a las autoridades de violar el derecho a la propiedad.

El plan se ha convertido en un problema político para Putin, quien ya tuvo que devolver la ley al parlamento y convocar votaciones en los edificios afectados para decidir sobre las demoliciones.

A la vista del descontento, que empieza a ser aprovechado por la oposición, y ante la posible sangría de votos en las presidenciales, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se apresuró a asegurar esta semana que la idea de las demoliciones no fue de Putin.

 

 

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