CIDH juzga a Guatemala por adopciones ilegales

Guatemala admitió parcialmente ayer ante la justicia americana su responsabilidad como Estado por sólo dos de las más de 35 mil adopciones ilegales internacionales hechas, de 1990 a 2007, por una mafia guatemalteca de médicos, matronas o parteras, enfermeras, abogados, trabajadores sociales, hoteleros, autoridades judiciales y una larga lista de cómplices que vendió a niños de ese país entre 15 mil y 40 mil dólares a familias de Estados Unidos y de otros “mercados” externos.

En un hecho sin precedentes en la historia judicial de América, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juzgó ayer en audiencia en esta capital la responsabilidad estatal en la trata de personas con fines de adopciones fraudulentas en Guatemala, con pago de fuertes sumas de dinero, mediante lo que los acusadores catalogaron como trampas judiciales.

El guatemalteco Víctor Godoy, presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos del gobierno de Guatemala y jefe de la comitiva estatal, dijo a EL UNIVERSAL que el reconocimiento parcial se basó en que “la legislación nuestra en la época en que ocurrieron los hechos no se adaptaba a estándares internacionales. Dimos a conocer los cambios hechos para adaptarla”.

“Hoy en Guatemala no hay adopciones internacionales”, por una ley que el Congreso de ese país aprobó en diciembre de 2007, afirmó.

La Corte juzgó la responsabilidad del Estado por declarar en abandono en 1997 a dos guatemaltecos —Osmín Ricardo Tobar Ramírez, entonces de siete años, y su hermano, en ese tiempo de dos e identificado sólo como J.R.— para separarlos y darlos en adopción en 1998 a familias de EU. Ambos son hijos de una misma madre, Flor Ramírez, y de diferente padre.

Como representantes de la familia víctima, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización no estatal interamericana, y el Refugio de la Niñez, agrupación no estatal guatemalteca, alegaron que el abandono fue aprobado sin pruebas sólidas y pese al rechazo de la madre.

Tobar, quien compareció ayer en la Corte, restableció nexos con su padre, Gustavo Tobar, en 2009, y ese año se reencontraron en Guatemala. El padre también rindió testimonio mientras que la madre y J.R. no acudieron.

La Corte, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos con sede en Costa Rica, escuchó al Estado, a los defensores y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2016 elevó el caso al tribunal.

El abogado guatemalteco Jaime Tecú, compareció como perito y ratificó que de 1990 a 2007 se registraron más de 35 mil casos. Las adopciones fueron hechas, acusó, por una mafia de profesionales de salud, turismo, justicia y otros gremios que reclutó a familias vulnerables en pobreza y miseria extrema para comprarles o arrebatarles a sus hijos, burlar trillos judiciales y surtir un negocio pagado por padres adoptivos del exterior.

La audiencia concluyó ayer y el juicio quedó listo para sentencia, que se ignora cuándo será emitida, informó la Corte.