CIDH juzga por primera vez las adopciones ilegales en Guatemala

En un hecho sin precedentes en la historia de América, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empezó a juzgar hoy en Costa Rica el negocio de las cadenas de tratas de personas con fines de adopciones fraudulentas en Guatemala: una mafia de abogados vendió a niños y niñas entre 15 mil y 40 mil dólares a familias de Estados Unidos y de otros “mercados” internacionales y a más de 35 mil menores de edad entre 1990 y 2007.

La actividad criminal se apoyó en Guatemala en una de 500 hogares infantiles clandestinos y solo unos 130 legales y de hoteles “cómplices” para buscar padres adoptivos en el exterior, pero debió cesar con una ley de adopciones aprobada por el Congreso de Guatemala en diciembre de 2007.

La CIDH, máximo tribunal continental e instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Costa Rica desde su creación en 1979, comenzó a juzgar esta mañana, y por primera vez en su historia de más de 37 años, un caso de trata de personas con fines de adopción.

La Corte juzga el proceso que declaró en abandono en 1997 en Guatemala a dos menores de edad guatemaltecos—Osmín Ricardo Tobar Ramírez, entonces de 7 años, y de su hermano, en ese tiempo de 2 y solo identificado como J.R.—para darlos en adopción a familias estadounidenses.

“Tuvimos que elevar nuestra denuncia a un órgano internacional y hemos llegado hasta acá para obtener justicia, la que no conseguimos en Guatemala”, denunció el guatemalteco Gustavo Tobar, padre del mayor de los menores. “Los tribunales nunca nos prestaron atención y tuvimos que buscar otras vías alternas, así que este es un gran logro que hemos obtenido”, afirmó.

Tobar Ramírez, quien fue adoptado por una familia estadounidense de Pensilvania, restableció nexos con su padre sanguíneo en 2009 y hoy compareció ante la Corte para exponer los hechos. Por diversos motivos, el otro hermano estuvo ausente; ambos son hijos de una misma madre pero de diferente padre.

La audiencia está previsto que concluya hoy para dejar el mecanismo listo para sentencia, que se ignora cuándo será emitida, informó la Corte. Las partes expondrán sus alegatos y observaciones finales sobre el fondo, las reparaciones y las costas.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización (no estatal) interamericana que asumió parte de la representación de la familia denunciante, puntualizó en un informe entregado hoy a EL UNIVERSAL que ambos niños quedaron bajo control de una dependencia estatal guatemalteca luego de una denuncia anónima por supuesto abandono.

“Si bien el expediente del caso no presenta pruebas sólidas de que así fuese y pese a que su madre presentara recursos legales para oponerse a la separación, una jueza decidió retirarle la tutela y hacer efectiva la adopción”, agregó.

En su intervención de esta mañana, la parte estatal guatemalteca hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad en los hechos.

Datos de la Procuraduría General de Derechos Humanos de Guatemala (PGN) y un informe de la Fundación Myrna Mack, organización (no estatal) guatemalteca que estudia la situación de los derechos humanos en ese país, aseguraron que 27 mil 871 niños y niñas fueron entregados en adopción entre 1996 y 2006.

Documentos desclasificados de la PGN y de otras estructuras estatales guatemaltecas precisaron que 3 mil 720 fueron tramitadas en 2007 y que seguían en proceso más de 4 mil en 2008, por lo que el total supera los 35 mil.

Trámites. El caso llegó en 2006 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión—IDH), otra instancia de la OEA pero con sede en Washington, que lo remitió en febrero de 2016 a la Corte IDH para que el trámite continuara.

“Los niños y niñas de Guatemala fueron tratados como mercancía”, advirtió la abogada costarricense Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México de CEJIL. El Refugio de la Niñez, una organización no estatal guatemalteca de protección de la niñez, y CEJIL son organizaciones representantes de la parte denunciante.

“El proceso ante la Corte es una oportunidad histórica para terminar con la impunidad, con la falta de investigación sobre estos casos y con ello, con la incertidumbre que envuelve a quienes fueron separados de sus familias”, afirmó.

Al respecto, el guatemalteco Leonel Dubón, director ejecutivo del Refugio, explicó que “este caso evidencia que, pese al tiempo y a la aprobación de normativas orientadas a la protección integral de los niños y las niñas, la ausencia de un verdadero sistema de protección integral (en Guatemala) se hace urgente para evitar que ocurran violaciones de derechos humanos como éstas”.

CEJIL describió que Guatemala se convirtió, a finales de la década de 1990, en el cuarto país con mayor número de niños y niñas dadas en adopción internacional a nivel mundial en proporción al número de habitantes.

Guatemala fue una de las naciones con más irregularidades en este tipo de gestiones, ya que en esa época albergó redes de trata y venta de niños y niñas con fines de adopción, “a partir de lo cual las personas involucradas percibían beneficios económicos”, aseguró.

Según el Centro, el sistema interamericano de derechos humanos con el diferendo Tobar Ramírez “podría avanzar hacia nuevos estándares internacionales, que luego se apliquen a otros casos que el alto tribunal reciba”.

La desprotección de los niños y niñas en Guatemala que existió en la época de los hechos “se mantiene hasta hoy” y persisten la “falta de investigación” del paradero de la niñez “víctima” de la red ilegal, advirtió.