Denuncian más ataques contra defensores de DH

Señala Amnistía Internacional situación de Venezuela, Colombia, México y Honduras
16/05/2017
01:59
DPA
Londres
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La persecución y los ataques contra defensores de derechos humanos han aumentado considerablemente en Venezuela, Colombia, México y Honduras, según un informe presentado ayer por Amnistía Internacional (AI).

El documento titulado “Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenazas” documentó varios de los ataques que sufren por ejercer esa labor ambientalistas, activistas, líderes de protestas sociales, periodistas, miembros de la comunidad LGBTI y jóvenes defensores en distintos países de Sudamérica.

“Estos ataques abarcan desde amenazas, palizas e incluso desapariciones forzadas y homicidios, hasta el uso de campañas de desprestigio para estigmatizarlos a ellos y a su labor”, señaló AI, al detallar que en 2016 fueron asesinados 281 defensores, 125 más que el año anterior.

La organización de derechos humanos observó, además, un “ataque frontal de parte de los gobiernos, grupos armados, corporaciones y otros poderosos”.

En el caso de Venezuela condenó la “estigmatización y las campañas de desprestigio” que llevan a cabo “quienes están en el poder, que hacen declaraciones que deslegitiman” y provocan “agresiones”.

Sobre Colombia, el organismo manifestó su preocupación por el incremento en las amenazas y ataques contra defensores y defensoras, “a pesar de la firma de los acuerdos de paz” con las FARC.

Sobre México, AI hizo énfasis en el incremento de desprestigios a través de redes sociales, especialmente en Twitter, en donde cuentas falsas son usadas para amenazar con “temas que se vuelvan tendencia o campañas de difamación” a comunicadores y periodistas.

“Estas campañas de difamación afectan mucho a quienes defienden los derechos humanos y a los profesionales del periodismo, pues los obligan a ocuparse de una sucesión constante de escándalos que menoscaban su credibilidad y los distraen de los problemas que tratan de denunciar”, sostuvo AI.

El informe se refirió también al caso de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, quien fue asesinada en marzo del año pasado aparentemente en relación con su trabajo por los derechos humanos, y denunció “las dificultades que ha tenido su familia para acceder a los expedientes”.

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