Venezuela: Asamblea va por remoción de jueces

La mayoría opositora del Parlamento venezolano inició ayer un proceso para destituir a magistrados del máximo tribunal de justicia, que tiene escasas posibilidades de prosperar ante el poderoso muro institucional chavista.

En un clima político cada vez más tenso, el debate se centró en la acusación de que los jueces perpetraron un “golpe de Estado” contra el Legislativo, atado de manos pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declaró en desacato en enero de 2016 y ha anulado todas sus decisiones.

Los alrededores del hemiciclo en el centro de Caracas fueron militarizados, constató la AFP, luego de que el martes una protesta opositora que reunió a unas mil personas degeneró en actos de violencia, que según sus organizadores dejaron medio centenar de heridos —uno baleado— y una docena de detenidos.

Ayer, enfrentamientos entre la policía y estudiantes universitarios que protestaban contra el TSJ en San Cristóbal (frontera oeste con Colombia) se saldaron con una decena de manifestantes y dos agentes lesionados, comprobó la AFP.

Los choques se desataron cuando alumnos de la Universidad Experimental del Táchira (UNET) bloquearon varias vías cerca del centro educativo —en rechazo a sentencias del máximo tribunal contra el Parlamento—, y los agentes antimotines intentaron desalojarlos. Los manifestantes respondieron con piedras, palos y bombas de estruendo, mientras la policía dispersó gases lacrimógenos y disparó perdigones, según reporteros de la AFP en el lugar. En Valencia también hubo protestas, que dejaron 14 heridos.

La bancada acusa a los jueces de “golpe” después de que la semana pasada emitieran dos sentencias con las cuales asumieron los poderes de la Asamblea y retiraron la inmunidad a los diputados. En medio de un fuerte rechazo internacional, la corte —acusada de servir al presidente socialista Nicolás Maduro— anuló los fallos parcialmente el sábado.

“Nuestra lucha es por devolverle a la Asamblea sus competencias, el golpe de Estado no es sólo contra la Asamblea sino contra el pueblo”, dijo durante el debate el presidente del Parlamento, Julio Borges, refiriéndose a la aguda crisis socioeconómica.

Héctor Rodríguez, jefe de la bancada chavista, respondió que “ustedes no pueden por ninguna razón (...) destituirlos [a los jueces del TSJ] sin violar la Constitución”.

Las probabilidades de remoción de los jueces son escasas, pues dependen del Poder Moral, integrado por la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, cercanas al gobierno. Para que el Poder Moral declare que los magistrados cometieron una “falta grave” y el caso sea resuelto por el Parlamento, se requiere el voto de al menos dos de sus tres integrantes. Ya el defensor del pueblo, Tarek William Saab, descartó una “ruptura constitucional”. Aun así, la Asamblea pidió ayer al Poder Moral calificar la “falta grave” basado en la denuncia de la fiscal general, Luisa Ortega, quien consideró las sentencias del TSJ de la semana pasada como una “ruptura del orden constitucional”, lo que abrió una fisura en el oficialismo.

Salvo la Asamblea, el chavismo con trola todos los poderes del Estado.

Además del proceso contra los magistrados, la cámara aprobó otro acuerdo para lograr elecciones y la liberación de “presos políticos”. Maduro descarta un adelanto de los comicios presidenciales, pautados para diciembre de 2018.

En este contexto, la esposa del encarcelado dirigente opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, aseguró que en su país debe darse un proceso de “transición urgente” que cuente con la intermediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) para cambiar el gobierno.

La opositora dijo que en ese proceso se necesita “determinación, fuerza y acciones claras como la fecha de las elecciones generales, la libertad de los presos políticos, el canal humanitario y el respeto de la Constitución”.