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La mano dura del chavismo

27/04/2017
02:13
José Meléndez / corresponsal
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La decisión que el gobierno de Venezuela anunció ayer para iniciar hoy el proceso de denuncia de la Carta de Bogotá, de 1948, y comenzar su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA), dejó en la orfandad externa a la oposición interna venezolana, liberó la ruta para que el chavismo realice y gane elecciones presidenciales y regionales confeccionadas a su medida, sin observación foránea creíble para entronizarse en el poder, y cerró el protagonismo interamericano en la crisis política, institucional, democrática, social y económica en esa nación del rincón norte de América del Sur.

El anuncio hecho ayer por la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, de que su país denunciará hoy la Carta, que fue suscrita el 30 de abril de 1948 en Colombia por 21 países americanos fundadores (como Venezuela) y forjó el nacimiento de la OEA, debe cumplirse en 24 meses pero ya endureció al chavismo. El acto colocó a Caracas en la misma ruta que Cuba siguió en 1962 al ser expulsada del foro hemisférico por abrazar un sistema marxista de gobierno y aliarse a Moscú y Beijing (potencias comunistas de la época).

Hace 55 años, Cuba (otro fundador) rechazó las razones por las que fue sancionada y apartada de la OEA aunque luego nunca aceptó retornar pese a que en 2009 se le levantó el castigo. A diferencia de Cuba, que es su principal aliado político, Venezuela adoptó la decisión unilateral de salirse de una instancia continental que, desde 1962, es identificada por la revolución comunista cubana como un “Ministerio de Colonias” sometido a los designios e intereses geopolíticos de Estados Unidos para socavar las soberanías de América Latina y el Caribe.

La oposición sufrió en septiembre de 2012 una primera desprotección, cuando el entonces mandatario Hugo Chávez se molestó por las condenas contra Venezuela e inició el retiro del sistema interamericano de derechos humanos. Y ahora, sin la estructura total de la OEA, la oposición perdió varios instrumentos externos para atizar la presión interna sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Quedó descartada la opción de que la OEA aplique la Carta Democrática Interamericana —aprobada en 2001 por la comunidad interamericana, incluida Venezuela— al régimen chavista que se instaló en el poder en 1999, con la victoria de Hugo Chávez, su líder contemporáneo y fallecido en 2013, en los comicios presidenciales de 1998. La Carta establece un cronograma de sanciones políticas, diplomáticas y económicas a los países que violen los conceptos básicos de la convivencia democrática en el Hemisferio Occidental.

Los opositores de un amplio abanico ideológico (democristianos, socialdemócratas, liberales, conservadores) parecieron quedar así ante una realidad: deberán seguir lanzados indefinidamente a las calles en las multitudinarias y violentas protestas que, con un saldo que ya va en 32 muertos y centenares de heridos, realizan desde hace varias semanas en distintas zonas de Venezuela y sin posibilidad real de ser escuchados por Maduro y el aparato político que el ahora gobernante heredó al morir Chávez.

La oposición entrará a un desamparo que se agudizará al perder la posibilidad de que la OEA sea un mecanismo político de asedio y denuncia del agudizado conflicto entre chavistas defensores de lo que Chávez concibió como Socialismo del Siglo XXI y antichavistas promotores de una democracia pluralista, multipartidista y respetuosa de la independencia de poderes, sin presos políticos y con elecciones libres y honestas y con libertad de prensa.

Por eso, la exigencia del antichavismo, que en diciembre de 2016 ganó los comicios legislativos y que a partir de enero asumió con mayoría el control de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral), de convocar a elecciones para buscar una solución democrática a la crisis, quedó también bajo control del chavismo.

En lo que aparentaría ser una concesión a sus rivales para tratar de exhibir un rostro de flexibilidad y tolerancia, Maduro podría llamar a elecciones que, sin observación de la OEA como en 2015 y en otras consultas populares previas, estarían supeditadas a la total manipulación chavista. Con un previsible resultado a favor del oficialismo, el régimen de

Caracas se despojó de la necesidad de enfrentar a un organismo interamericano ante el que, al menos para las apariencias, debía defender y justificar algunas de sus cuentas políticas.

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