Un bebé que la encarcelada guerrillera colombiana Rocío Cuéllar Guevara parió en el estatal hospital de Engativá, en Bogotá, que vivió sólo 14 días de 2017—del 31 de marzo al 14 de abril— y que murió por presunta falta de atención médica, agitó las pugnas en Colombia sobre el compromiso social con la paz luego de más de 52 años de guerra.

Las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acusaron a las “autoridades” de negligencia por la muerte del bebé y exigieron indagar a los culpables.

Mujeres de las FARC, un sector de la insurgencia, advirtió que el caso violó el espíritu de reconciliación del acuerdo de paz que, tras cuatro años de negociación en Cuba, fue firmado por el gobierno colombiano y la guerrilla el 24 de noviembre pasado y que rige desde el 1 de diciembre anterior.

La situación remitió a las bajas indirectas de la prolongada violencia bélica que todavía sacuden a la sociedad colombiana, pese a que los fusiles fueron silenciados para siempre desde el 29 de agosto de 2016, con el cese del fuego pactado por el gobierno y las FARC, y dejaron de crecer los números de un conflicto que dejó 225 mil muertos, 45 mil desaparecidos, más de 6.4 millones de desplazados y un abultado saldo de lisiados y demás víctimas.

Dirigentes de las FARC acusaron en sus cuentas de YouTube y Twitter que el bebé murió en Engativá por “negligencia” estatal, mientras su madre, a la espera de ser amnistiada, permaneció en el Patio 6 de la cárcel capitalina El Buen Pastor, donde está presa por rebelión al igual que el padre del niño, recluido en la prisión La Picota.

El hospital de Engativá rechazó la acusación, adujo que cumplió los protocolos y alegó que el bebé, que nació a las 35 semanas de gestación, presentó una cardiopatía congénita y un edema pulmonar que lo mantuvieron en condición inestable.

Las mujeres de las FARC dijeron que, tras el parto, madre e hijo fueron separados y el pequeño, con serias complicaciones, nunca fue llevado a un hospital que ofreciera el tratamiento requerido.

Cuando la madre de Cuéllar acudió a recoger a su nieto para cambiarlo de centro de salud, Engativá se negó a entregarlo al aducir que el otro hospital estaba sin espacio.

El lío agitó el debate social en un país en el que, según el Banco Mundial, la tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos bajó de 89 en 1960 a 14 en 2015.

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