Condenan 6 países sudamericanos decisión que agravó crisis en Venezuela

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay hicieron un llamado al gobierno de Venezuela para que garantice la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos
(Foto: Reuters)
31/03/2017
16:45
José Meléndez / corresponsal
San José
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Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay emitieron hoy una fuerte condena por dos sentencias dictadas esta semana por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que dejaron sin funciones a la Asamblea Nacional y declaró la invalidez de sus actos. Los dos fallos fueron catalogados como golpe de Estado por la oposición política venezolana y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su declaración, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, que son parte de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR), explicaron que “condenan la situación creada a raíz de la sentencia” del TSJ que “afecta a la Asamblea” de ese país y los parlamentarios electos por el voto popular en diciembre de 2015. 

Otros miembros de UNASUR, como Bolivia y Ecuador, son aliados de Venezuela, mientras que Perú, en repudio a las sentencias, retiró a su embajador en Caracas.

“Causa alarma el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del Poder Legislativo, así como la decisión de limitar las facultades de la Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus miembros, hechos que atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación, independencia y acatamiento de poderes públicos, pilares del Estado de Derecho”, aseguraron los gobiernos de Buenos Aires, Brasilia, Santiago, Bogotá, Asunción y Montevideo.

“Los países de la región reiteramos el urgente llamado a que el gobierno de Venezuela avance efectivamente en la aplicación de medidas concretas acordadas con la oposición, con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas”, puntualizaron.

“Al reiterar nuestra disposición de cooperar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo lo que pueda contribuir a una solución pacífica y definitiva de sus conflictos sociales, humanitarios y económicos, hacemos un llamado por el pronto restablecimiento del orden democrático en ese país para bien de todo el pueblo hermano de Venezuela”, precisaron. 

Anunciaron que “seguiremos pendientes de lo que sucede en Venezuela para adoptar otras decisiones político-institucionales colectivas que correspondan”.

Entre tanto, el gobierno de Bolivia expresó su total respaldo al de Venezuela y a su presidente, Nicolás Maduro.

Mientras, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), un foro del que el régimen venezolano fue excluido en 2016 por las violaciones al sistema democrático por parte del gobierno de Maduro, convocó a una sesión de urgencia para mañana con el fin de evaluar la situación venezolana.

La oposición política venezolana y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunciaron el jueves que dos decisiones dictadas esta semana por el TSJ al declarar en desacato a la Asamblea, que está bajo dominio opositor, despojar de inmunidad a los diputados y atribuirse responsabilidades legislativas, son un golpe de Estado “perpetrado” por el régimen chavista y un ataque a la democracia hemisférica.

El Tribunal declaró inválidos los actos de la Asamblea y confirió poderes superiores de gobierno sin control legislativo al régimen de Maduro.

Al replicar que “es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela”, la cancillería venezolana rechazó “categóricamente” lo que calificó como una “arremetida internacional protagonizada por una coalición de gobiernos de derecha y de oligarquías para dar soporte y respaldo a la oposición venezolana intervencionista y apátrida”.

Es una acción de los gobiernos “de la derecha intolerante y pro-imperialista”, dirigida por el Departamento de Estado de Estados Unidos y “los centros de poder estadounidenses, que mediante falsedades e ignominias pretenden atentar” contra el estado de derecho en Venezuela “y su orden constitucional”, recalcó.

 

 

pmba

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