La lucha contra las acciones ejecutivas antiinmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se frenan en el Congreso estadounidense. Un grupo de senadores demócratas, encabezados por el latino Robert Menéndez, introdujo ayer una propuesta de ley para, entre otros, rescindir los dos decretos que más afectan a los inmigrantes.

La propuesta, dedicada a “proteger a los ciudadanos de EU y los residentes de discriminación, arresto y detención ilegal”, tiene entre sus puntos más importantes la prohibición de hacer redadas en lugares como escuelas o iglesias y obliga a un debido proceso en las actuaciones de las fuerzas migratorias, así como asegura que los detenidos tengan asesoría legal.

La propuesta se anunció ayer en un evento de crítica de las deportaciones en el que participaron algunos de los principales demócratas en el Senado, encabezados por su líder Chuck Schumer. El Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por su siglas en inglés) quiso poner cara a las políticas de Trump en el Senado y organizó un encuentro con algunas de las víctimas más recientes de las redadas del gobierno.

Uno de esos casos famosos es el del mexicano Rómulo Avelica, detenido por los agentes de inmigración cuando estaba dejando en el colegio a sus hijas. El hecho quedó registrado en video. Dos de las hijas, las menores, estuvieron ayer en el Capitolio para convertirse en la imagen de la separación de familias que provocan las órdenes de Trump.

“Es la cosa más dura que se pueda ver”, relató Fátima, de 13 años, recordando entre sollozos el momento de la detención de su padre. Rómulo y sus hijas entrenaban para la maratón de Los Ángeles, donde residen. “Esto es una nueva maratón para mí. Y necesito mi entrenador. Necesito a mi padre”, dijo entre sollozos.

Al lado de Fátima estaba su hermana Yuleni, de 12 años: ambas son ciudadanas estadounidenses. “No vamos a volver a México, estamos aquí para quedarnos”, aseveró. Su objetivo es seguir estudiando, entrar en una escuela de leyes y convertirse en abogada de inmigración para que nadie de su comunidad sufra algo como lo que ellas viven, con su padre detenido.

El otro caso paradigmático es el de José Escobar, salvadoreño que deja en EU a su mujer Rose y dos hijos pequeños, todos ellos ciudadanos estadounidenses. No podrá volver al país en 15 años, lo que significa la desmembración de la familia a no ser que se encuentren fuera de la frontera de EU. “Hemos intentado hacer lo correcto [conseguir la ciudadanía], pero no hay un camino, y la gente cree que es como pedir una hamburguesa”, se quejó Escobar.

Los senadores demócratas dieron todo su apoyo a la comunidad inmigrante. Schumer prometió no permitir que en el presupuesto federal se incluyan partidas para reforzar la tarea de las fuerzas migratorias. “Atacar a los inmigrantes y refugiados no es algo que nos haga más seguros”, dijo el líder de la minoría en el Senado.

La directora ejecutiva de la NCLR, Janet Murguía, agradeció el apoyo de los senadores demócratas en la lucha ante un gobierno que en su opinión carece de “empatía” y “conocimiento” de la comunidad inmigrante.

El senador Menéndez reiteró que la lucha por los derechos de los inmigrantes es la “lucha de derechos civiles” actuales, equiparándola a la de la población afroestadounidense de mediados del siglo XX, y se comprometió a evitar un presupuesto “inmoral”.

“[Cuando tratas a un ciudadano de EU] como un pandillero, algo está mal en tu política”, afirmó. Agencias

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