Homicidios y secuestros bajaron con pacto de paz, afirma gobierno colombiano

Pese a los incumplimientos y a los retrasos del gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y al asedio de fuerzas paramilitares a las que se culpa de numerosos asesinatos de dirigentes populares, la paz empieza a reportar resultados en el panorama de violencia que azota a Colombia desde hace más de medio siglo.

Un informe del Ministerio del Interior de Colombia confirmó que sin cumplirse todavía el primer trimestre de 2017, ya hay una reducción en los homicidios y en los secuestros en comparación con enero, febrero y marzo de 2016.

“Los homicidios entre enero y marzo de 2017, en comparación con el año anterior, se redujeron en un 13%. Así mismo, en ese período los secuestros en Colombia bajaron un 60%”, aseguró el ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo. “En el país se comenten 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, es la cifra más baja en los últimos 40 años”, aseguró Cristo.

“Este es un país muy distinto al de hace cinco años cuando comenzó el proceso de paz con las FARC. Los territorios históricamente afectados por el conflicto, hoy están viviendo una situación distinta y las cifras así lo demuestran. Cómo, mediante la negociación política, vamos avanzando en garantías a las víctimas de la violencia”, subrayó.

Para una nación que apenas lleva 118 días de que Santos y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaran, el pasado 24 de noviembre en Bogotá, un acuerdo de paz, que puso fin a más de 52 años de conflicto bélico y que fue negociado desde noviembre de 2012 en Cuba, los datos oficiales exhiben un panorama que consolida la pacificación aunque sin despojarse del escenario de violencia de las bandas de la delincuencia organizada y común que arrastra por décadas. Ambos bandos pactaron un cese del fuego y del fin de las hostilidades que rige desde el 29 de agosto de 2016.

Los datos de Cristo reconfirmaron la tendencia anunciada el 31 de diciembre de 2016 por el ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas, acerca de que Colombia “definitivamente” avanza a convertirse en “una sociedad mucho más civilizada y tranquila”.

Las cifras de cierre del año pasado, según Villegas, revelaron que en 2016 hubo unos 12 mil homicidios, la menor en 42 años, a un promedio de 24,4 por cada 100 mil personas en un país con más de 48 millones de habitantes y en reducción sostenida frente a 2015, con 25 casos por cada 100 mil. En una cifra comparativa con la situación que Colombia vivió hace más de 12 años, en 2005 se reportaron 18 mil 111 asesinatos.

Otro dato que está a la baja es el del recuento de los secuestros, uno de las prácticas más utilizadas por las FARC, por el también guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN)--que actualmente está en negociaciones de paz con el gobierno de Santos y que, aunque más pequeño, también está en guerra hace más de medio siglo--y por las organizaciones narcotraficantes, paramilitares y de la delincuencia.

Los registros oficiales mostraron que en 2000 hubo más de 3 mil secuestros mientras que a finales de 2016 se reportaron 188, con una caída del 92%. La disminución comparada del primer trimestre de este año frente al pasado es de 60%, según Cristo.

Bajo este contexto, unos 7 mil integrantes de las FARC están desarrollando un proceso de desmovilización, que ejecutaron del 28 de enero al 19 de febrero de este año con un movimiento para trasladarse y concentrarse en 19 zonas y 7 puntos transitorios de normalización, para pasar luego al desarme, que iniciaron el primero de este mes y debería concluir a finales de mayo próximo, en un trámite paralelo a la reincorporación de los alzados en armas a la sociedad civil. Las FARC también avanzan hacia su desaparición como guerrilla y su transformación en partido político.

Las trabas. Pese a los avances, el proceso de paz también está marcado por los reclamos de las FARC al gobierno de Santos para acondicionar las 26 zonas y puntos. De manera reiterada, la cúpula rebelde negó que esté pidiendo instalaciones de lujo para sus tropas y alegó que hay problemas y carencias con tejas, paredes, ropa, calzado, materiales de aseo, servicios públicos y otros bienes.

Entre otros múltiples reclamos, la insurgencia desmintió la versión gubernamental de que los trabajos de construcción general de las zonas y puntos tienen un 80% de avance. Al respecto, el Alto Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo, argumentó que “las FARC están completamente instaladas” en los 26 sitios pero admitió que “las instalaciones en las cuales deben quedarse no están terminadas completamente”.

“Ha habido problemas, como sabemos, de implementación, de construcción, de ejecución: ha habido discusión sobre la calidad de los materiales y eso ha atrasado de manera absolutamente inexplicable los asentamientos”, declaró Pardo en una entrevista con el periódico El Tiempo, de esta ciudad.

Otra de las sombras es la de los asesinatos de dirigentes sociales y activistas de derechos humanos, con 80 casos en 2016 frente a 63 en 2015 y que se atribuyen a facciones paramilitares mafiosas--ligadas a agrupaciones del narcotráfico--que quieren apoderarse de las zonas abandonadas por las FARC en su desmovilización.

El ministro Cristo ha aducido que hay “mafias” narcotraficantes y de la minería ilegal que consideran que esos dirigentes son un obstáculo y una incomodidad.

Por eso el consejero Pardo describió una realidad del proceso de paz: “Esto no es plenamente perfecto”.