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La segunda versión del decreto migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no pudo entrar ayer en vigor como estaba previsto, al ser bloqueada por dos jueces federales, uno en el estado de Maryland y otro en el de Hawaii.
El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció que el Ejecutivo recurrirá a los tribunales de apelación correspondientes, en San Francisco y en Richmond, Virginia, con la convicción de que Trump posee autoridad legal para restringir la inmigración.
El juez Theodore Chuang, de Maryland, ordenó ayer suspender la aplicación de la disposición de Trump que iba a congelar por 90 días la emisión de visas a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Más temprano en Hawaii, pocas horas antes de que el decreto entrara en vigencia este jueves, Derrick Watson, otro juez federal, también había decidido bloquear temporalmente la orden ejecutiva.
Si bien ninguno de ellos declaró todavía la inconstitucionalidad del decreto, frenaron su entrada en vigencia para que la Justicia pueda evaluar si la medida incurre en discriminación religiosa, ya que los seis países afectados son de mayoría musulmana.
De todos modos, Watson expresó que las denuncias de inconstitucionalidad probablemente serán consideradas por los tribunales, al decir que un observador objetivo concluiría que la orden ejecutiva sí fue emitida con el propósito de “desfavorecer” a una religión en particular.
El estado de Hawai también se presentó en el tribunal correspondiente para reclamar que la medida, en caso de ser aplicada, dañaría a la isla económicamente, entre otras cosas, al afectar al sector turístico.
La noche del miércoles, al hablar frente a seguidores en Nashville, Tennessee, Trump dijo que el bloqueo impuesto desde Hawai era “terrible” y políticamente motivado. El decreto migratorio original también fue suspendido el mes pasado por orden judicial. La nueva versión eliminó a Irak de la lista de países afectados, pero mantuvo la suspensión del programa de refugiados estadounidense por 120 días.
En California, la juez Tani G. Cantil-Sakauye pidió a los agentes federales que desistan de arrestar a migrantes en los tribunales, como ha ocurrido recientemente, resaltando la importancia de proteger el acceso de esas personas a la justicia. “Los tribunales no se deben usar como carnada en la necesaria aplicación de las leyes de inmigración de nuestro país”, dijo.
