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EU: Un tiro, una frontera, un muerto

El caso provocó protestas Ciudad Juárez y suscitó una pequeña crisis diplomática entre Washington y México
24/02/2017
10:52
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Sergio Hernández murió a los 15 años, su vida robada por un tiro del policía Jesús Mesa. La suya habría sido otra historia de violencia estadounidense, trágica y banal, si la víctima no hubiese estado en México y el victimario en Estados Unidos.
El espinoso problema legal resultante de ese homicidio transfronterizo llega el martes a la Corte Suprema de Estados Unidos.
La quid del asunto es si la familia del adolescente tiene el derecho constitucional de demandar a Mesa, un agente fronterizo, en la justicia estadounidense.
Pero el tema está revestido de la controversia internacional por la promesa del presidente Donald Trump de levantar un muro en la frontera con México para detener a los indocumentados.
El tiroteo ocurrió el 7 de junio de 2010. Sergio Hernández se divertía con tres amigos en una orilla del Río Grande, que separa la mexicana Ciudad Juárez de su vecina El Paso, en el estado de Texas.
Los cuatro amigos se entretenían corriendo por la margen de concreto del río para tocar la reja alambrada del lado estadounidense, y luego regresar. La invisible línea fronteriza corre por el medio de la cuneta.
El juego no gustó al guardia fronterizo Jesús Mesa, que patrullaba en bicicleta. Tras lograr agarrar a uno de los alborotadores, apuntó su arma y disparó, alcanzando a Sergio en la cabeza. El joven falleció a 18 metros de la frontera, en suelo mexicano.
El agente fronterizo explicó más tarde que Hernández y sus amigos se habían negado a obedecer sus órdenes de detener el juego y le habían lanzado piedras. Partió sin ofrecer socorro a la víctima, con sus colegas que habían acudido como refuerzo.

El caso provocó protestas Ciudad Juárez y suscitó una pequeña crisis diplomática entre Washington y México: el presidente mexicano de entonces, Felipe Calderón, exigió una investigación "profunda e imparcial".
Este caso "nos agravia especialmente, porque se trata de un menor de edad: Sergio Adrián Hernández, quien además fue ultimado con disparos de arma de fuego en nuestro propio territorio mexicano", dijo Calderón en un comunicado.
La semana anterior, otro mexicano, Anastasio Hernández Rojas, había sucumbido a los golpes y descargas eléctricas infligidas por otra patrulla fronteriza cerca de San Diego, en el sudoeste estadounidense, a pocos metros de la ciudad mexicana de Tijuana.
Fue en ese contexto de abusos recurrentes en la frontera que los padres de Sergio Hernández decidieron acusar ante la justicia a Jesús Mesa, reprochando al policía haber violado la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense que protege a los ciudadanos del uso desproporcionado de la fuerza.
También evocaron la quinta enmienda, que estipula que nadie puede ser privado de la vida sin justificación legal.
El tribunal de primera instancia finalmente rechazó el caso, señalando que los tribunales estadounidenses no tenían jurisdicción en el caso, pues la víctima era un mexicano muerto en México.

En la apelación, la corte decidió finalmente que la acusación sobre el uso injustificado de la fuerza letal no podía ser aplicado.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional concluyó que la decisión era "intolerable" e iba en contra de los "principios fundamentales del derecho internacional".
Según el abogado Bob Hilliard, que representa a la familia Hernández, los guardias fronterizos estadounidenses han disparado fatalmente contra al menos ocho mexicanos entre 2006 y 2016, de un país al otro.
"Ciudadanos mexicanos inocentes han sido asesinados sin la posibilidad jurídica de enfrentarse contra el autor del crimen", denunció.
Su colega, José Luis Muñoz, apuntó que el caso tiene implicaciones amplias.
"Más allá de la política, este caso es sobre humanidad", dijo a la AFP.
Tras un largo debate interno, la Corte Suprema finalmente se hizo con el caso, que ha acumulado un flujo de argumentos en apoyo de ambas partes.
El gobierno federal se inclinó a favor de Mesa, advirtiendo que autorizar esas demandas podría "significativamente obstaculizar la facultad de las ramas del Ejecutivo de responder a situaciones en el extranjero" en las que los intereses estadounidenses estén en juego.
El gobierno mexicano ha expresado sus propias advertencias de que un bloqueo del caso podría dañar las relaciones bilaterales.
"Aplicar la ley estadounidense no interferiría con las operaciones del gobierno mexicano en México", dijo en un documento ante la Corte Suprema.
"Al contrario, ofrecer un remedio adecuado y efectivo (a la familia de la víctima) demostraría respeto por la soberanía de México y sus nacionales", añadió México.
 

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