La presidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Carmen Lúcia Antunes, aceptó ayer la declaración de 77 ejecutivos de la empresa Odebrecht, que está en el ojo de la tormenta de la Operación Lava Jato, en la cual se investigan una red de delitos de corrupción con epicentro en la empresa Petrobras, en los que podrían haber participado unos 200 políticos de alta jerarquía.

Los ejecutivos presentaron una “delación premiada”, que es una declaración a cambio de beneficios en su causa.

“El crimen no vencerá a la justicia”, dijo días atrás la jueza Antunes, en el marco de las investigaciones de la Operación Lava Jato.

Luego de la muerte del ministro Teori Zavascki, el relator del caso en el Supremo Tribunal —el pasado 19 de enero en un accidente de aviación—, la jueza Antunes dio curso a la medida que éste venía preparando.

Entre los ejecutivos que declararon, uno acusó al presidente Michel Temer de pedirle unos 3 millones de dólares en apoyo a la campaña electoral de su partido.

El jefe de Gabinete, Eliseu Padilha; el canciller, José Serra; el presidente del Senado, Renan Calheiros; el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin; y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva también han sido señalados.

Ahora, la fiscalía general debe estudiar las delaciones premiadas (que se encuentran bajo secreto de sumario) e investigar a los funcionarios y congresistas acusados de recibir sobornos y financiación ilegal.

En este contexto, ayer fue detenido Eike Batista, dueño del holding EBX (de petróleo, construcción, minería e industria naval) y quien fue el hombre más rico de Brasil. Es sospechoso de haber pagado 16.5 millones de dólares en sobornos al ex gobernador de Río, Sérgio Cabral, quien ya se encuentra detenido.

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